Promesas vacías ante una deuda histórica: el Consell debe aclarar su papel en Serra Gelada

La política exige palabra y responsabilidad; lo que no cabe es la ambigüedad cuando se trata de la mayor indemnización urbanística de la reciente historia municipal española.

Hace dos meses, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofreció "todo el apoyo y toda la ayuda que necesite" al Ayuntamiento de Benidorm por la condena derivada de Serra Gelada. Esa mano tendida generó expectativa entre los ciudadanos. Hoy, la respuesta del Consell a las doce preguntas registradas por el PSPV-PSOE se reduce a una sola frase: el Ayuntamiento tiene aprobado un plan de pagos.

Una sola frase para doce preguntas. Eso no es política seria; es una pirueta burocrática que esquiva rendición de cuentas ante Les Corts Valencianes. Los socialistas han señalado con razón que la contestación es "absolutamente insuficiente, evasiva e irrespetuosa": no aclara si existe acuerdo formal, dotación presupuestaria, informe jurídico, ni ningún mecanismo concreto de cooperación institucional.

Los interrogantes que quedan en el aire son de enorme calado y han sido formulados con precisión: ¿qué cuantía asume la Generalitat ante una indemnización que supera los 350 millones de euros? ¿Con cargo a qué partidas se financiaría esa ayuda? ¿Existe compromiso presupuestario o informe de legalidad sobre que una comunidad autónoma asuma una sentencia municipal? ¿Qué medidas garantiza el Consell para que el pago no afecte a servicios públicos o aumente la presión fiscal sobre los vecinos?

Que el Consell no responda a estas preguntas no es una omisión menor; es un desplante a Benidorm y a sus vecinos, como han afirmado los diputados socialistas. La gravedad de la condena —283 millones más intereses que superan los 70 millones— reclama claridad, acuerdos formales y mecanismos que preserven el interés general. La ciudadanía merece saber si las palabras del President tienen detrás compromiso real o son solo retórica ante las cámaras.

También interroga la debilidad política del alcalde Toni Pérez, que siendo parte del mismo partido y con acceso directo al President, no ha logrado arrancar compromisos concretos: "acumula cargos, pero no acumula resultados", dicen los socialistas. Si quien pide que el asunto sea "cuestión de Estado" no logra respuestas, la pregunta sobre capacidad de defensa de los intereses municipales dentro del propio partido se vuelve inevitable.

La democracia exige responsabilidades expresas, no gestos vagos. El Consell debe dejar de eludir el Parlamento: que responda punto por punto, que detalle partidas, acuerdos y estudios jurídicos, y que convoque, si procede, las mesas de trabajo entre administraciones que los ciudadanos esperan. Solo la claridad y el compromiso real son dignos de la envergadura del problema que amenaza a Benidorm.