Escándalo a la vista: el PP pide rebajar la pena a Aldama y el PSOE exige explicaciones

El pulso público se ha vuelto un espejo donde se reflejan —con nitidez inquietante— las contradicciones políticas y judiciales que atraviesan este caso. El PP, como acusación popular, ha solicitado que se impongan menos de dos años de cárcel por cada uno de los delitos atribuidos a Víctor de Aldama; la Fiscalía Anticorrupción mantiene, en cambio, la petición inicial de siete años. Esa diferencia no es un tecnicismo: determina si el acusado entra o no en prisión.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil calificó a Aldama como el "nexo corruptor" de la presunta trama de cobro de mordidas en la adjudicación de contratos de compra de material sanitario. El empresario está acusado de pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. El propio investigado, según consta en la información judicial, reconoció que "se ha llevado más de cinco millones de euros y medio en mordidas por las mascarillas".

Frente a ese contexto fáctico, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha planteado una pregunta elemental: si a un imputado se le otorgan beneficios por colaborar con la Justicia, ¿en qué ha colaborado Aldama? López subraya que Aldama dijo que aportaría pruebas de una financiación ilegal del PSOE y que, hasta ahora, no ha aportado ninguna. "¿Dónde están esas pruebas? Ya está bien", afirmó el portavoz socialista, y consideró que ver a Aldama en libertad y que se rebaje la petición de condena "es un escándalo de mi primera dimensión".

En Ferraz evitan juzgar la declaración de José Luis Ábalos —quien no apoyó la tesis de financiación ilegal ni apuntó a Pedro Sánchez— y se limitan a confiar en que la Justicia "haga su trabajo, vaya hasta el final, determine dónde están los culpables y que caiga el peso de la ley sobre ellos". Aun así, reconocen que no es una "imagen agradable" ver sentado en el banquillo a un ex secretario de Organización del partido, y recuerdan que reaccionaron apartando a quien consideraron no ejemplarizante.

La discrepancia entre las distintas peticiones procesales —menos de dos años por parte del PP frente a siete años por la Fiscalía— y la circunstancia de que quien confesó haber recibido más de cinco millones siga en libertad se proyectan como una tensión que exige explicaciones públicas: el Estado de derecho no admite indulgencias ni favores selectivos. El PSOE exige que el PP explique por qué solicita la rebaja de penas "para que no pase ni siquiera por la cárcel", y esa exigencia es, en la lógica política y ciudadana, una petición de claridad y responsabilidad.

Mientras la instrucción y el juicio siguen su curso, las interrogaciones lanzadas desde la política reclaman respuestas concretas de la Justicia y de las partes. No cabe sustituir la presunción de inocencia ni la actuación judicial por luchas de partidos; pero tampoco cabe la opacidad cuando la gravedad de las imputaciones y las cifras mencionadas invitan, legítimamente, a la exigencia pública de ejemplaridad y transparencia.