Las incursiones de EE. UU. en el Caribe: eficacia cuestionada, daños reales

La estrategia anunciada y ejecutada por Washington en el Caribe promete mano dura contra el narcotráfico. En los hechos, está produciendo algo distinto: menos visibilidad, no menos droga. Desde septiembre de 2025, cuando el Comando Sur reforzó su presencia naval en la región, se registraron hasta marzo de 2026 alrededor de 45 operaciones contra embarcaciones sospechosas que dejaron más de 150 muertos. Esos números están ahí; el resultado efectivo es otro.

Expertos consultados por BBC Mundo advierten que el impacto de las acciones estadounidenses es palpable, pero limitado y localizado. Las operaciones han cerrado o hecho peligrosas las salidas por lanchas rápidas en el corredor entre Venezuela y las islas del Caribe. Pero cerrar una puerta ha sido suficiente para que el tráfico simplemente cambie de tejado.

Adam Isacson, director del programa de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para América Latina, señala que las cifras de incautaciones no reflejan una caída: en los siete meses posteriores al inicio de los ataques se detectó ligeramente más cocaína que en los siete meses anteriores. Traducido a lenguaje llano: la cocaína sigue llegando a Estados Unidos, y con casi el mismo volumen aparente por esa vía, según observa el propio Comando Sur.

Alex Papadovassilakis y su equipo en InSight Crime refrendan la conclusión: no hay evidencia de una reducción sostenida del flujo de cocaína en la región. Lo que sí registran es un desplazamiento táctico. Aumentan vuelos no registrados que se dirigen hacia el este a través del espacio aéreo de Guyana y hay señales de mayor actividad en la Amazonía entre Colombia y Venezuela. Son corredores distintos, menos expuestos a la patrulla naval estadounidense y, por tanto, más difíciles de detectar.

No es baladí el cambio de medios: el informe apunta también al incremento en el uso de semisumergibles no tripulados y a rutas fluviales y selváticas que explotan la geografía para reducir visibilidad. El efecto neto de las operaciones militares —dice la investigación— es cerrar una vía concreta, pero dejar abiertas muchas otras que las redes criminales pueden explotar con rapidez.

A esa realidad operativa se añade un componente político y jurídico que no puede obviarse. Las operaciones coincidieron con una escalada de tensiones con el gobierno de Venezuela y con la captura, en enero de 2026, del depuesto presidente Nicolás Maduro, traslado a Nueva York y cargos por narcotráfico. Expertos legales y organismos internacionales han cuestionado la legalidad de algunas acciones en el mar, advirtiendo riesgos de violación del derecho internacional y del uso extrajudicial de la fuerza.

La suma es inquietante: desplazar el problema sin resolverlo, aumentar la opacidad del tráfico y generar dudas sobre la legalidad y consecuencias políticas de las operaciones. Cuando la respuesta militar no ataca las redes en todas sus facetas y solo frena un eslabón visible, el mal se reconfigura. Y lo hace hacia espacios donde el control es más complejo y las consecuencias para la seguridad hemisférica, más inciertas.