La ofensa a la memoria: pactos que trituran la dignidad de las víctimas

Hay ocasiones en que la historia reclama voz alta y sin circunloquios. El homenaje por el 25º aniversario de la muerte de Manuel Giménez —asesinado por ETA en 2001— se convirtió en una tribuna donde José María Aznar articuló esa voz: firme, acusadora y orientada a preservar la memoria de las víctimas.

Aznar no se limitó a eludir el presente: lo diagnosticó. Señaló que "se está utilizando la autoridad administrativa para conceder permisos que alcanzan efecto inmediato antes de que la Fiscalía está en condiciones de recurrirlos" y advirtió que "la política penitenciaria no puede convertirse bajo ningún concepto en la moneda de cambio con que obtener apoyos parlamentarios". No son metáforas neutras; son advertencias sobre el riesgo de instrumentalizar el Derecho y la pena en función de alianzas políticas.

Fue también contundente al ligar decisiones presentes con consecuencias políticas: "sin ETA, Bildu no tendría los escaños para hacer presidente a Pedro Sánchez". Esa afirmación, pronunciada en el acto, no es una flamboyante hipérbole sino una observación destinada a subrayar la responsabilidad política que, según Aznar, deriva de los apoyos parlamentarios y de los pactos que emergen de ellos.

Aznar denunció, en términos categóricos, lo que entiende por una "demolición" de la arquitectura política y jurídica levantada para combatir el terrorismo: una obra construida junto al PSOE y que, en su opinión, sufre hoy un proceso de desmantelamiento. Reivindicó la necesidad de denunciar que "el gobierno y sus socios han decidido acortar la condena a los terroristas y porque Bildu gobierna en España"; y rechazó, con la energía de quien custodia una memoria herida, que se pretenda "reescribir la historia" o difuminar culpas.

La apelación a la memoria democrática fue el hilo conductor. Aznar avisó contra quien, a su juicio, intenta "cancelar a las víctimas asesinadas por ETA como referencia democrática prioritaria" y reclamó reivindicar el "significado político" de las víctimas como Manuel Giménez para "deslegitimar las coartadas póstumas de la banda terrorista y atajar la impunidad histórica a la que aspiran sus regatarios".

No estaban solos en esas afirmaciones: en el acto también intervinieron Luisa Fernanda Rudi y Gustavo Alcalde, que remarcaron que "el PSOE hoy no tiene nada que ver con el que pactábamos codo con codo contra el terrorismo", y Jorge Azcón, que recordó que "ETA fue una banda de asesinos y miserables" y subrayó la urgencia de evitar que la historia se reescriba.

La política, como el recuerdo de una tragedia, exige claridad moral. Si la administración de permisos penitenciarios y la negociación parlamentaria alteran la percepción pública sobre el castigo y la responsabilidad, el debate deja de ser técnico y se convierte en cuestión de decencia histórica. El homenaje a Manuel Giménez, 25 años después, reclamó precisamente eso: que la democracia sostenga la mirada de las víctimas y no permita que su tributo sea moneda de cambio.

Quien pretenda silenciar esta exigencia encontrará resistencia no en palabras neutras, sino en la insistencia de quienes creen que la memoria democrática no es un ornamento sino la columna vertebral de la convivencia política. El acto en Zaragoza fue, en ese sentido, una llamada a no permitir que la política borre lo que la violencia de ETA dejó inscrito en la historia del país.