La flota oficial, en tierra de nadie: averías que no pueden seguirse minimizando

Ayer, un Airbus A310 que trasladaba al presidente del Gobierno sufrió una avería que obligó a un aterrizaje en Ankara. Esta mañana, tras pasar la noche en Turquía y con un Falcon desplazado desde Madrid por precaución, el mismo aparato retomó el viaje y alcanzó finalmente Erevén. Pero la jornada ya había empezado: la fotografía de familia de la cumbre de la Comunidad Política Europea ya se había celebrado sin la presencia del jefe del Ejecutivo.

No es un incidente aislado ni un mal trámite pasajero. El A310 presidencial vuelve a mostrar síntomas de un desgaste repetido: la inquietud por el estado y la seguridad de la flota oficial crece, y con razón. No sólo transporta al presidente; en ocasiones viaja también la familia real. El riesgo no admite paños calientes ni silencios cómplices.

Tampoco es la primera vez que un aparato oficial deja en evidencia la fragilidad de la logística del Estado. El pasado 4 de septiembre, un Falcon en el que se desplazaba el presidente tuvo que regresar a Madrid por una avería técnica. Los incidentes se acumulan en la memoria: en 2014 ya se abrió el debate público tras episodios con aeronaves oficiales y la Administración del momento impulsó un plan de renovación.

Los dos Airbus A310 fueron adquiridos por el Gobierno de José María Aznar tras aprobarse la compra en diciembre de 2000; llegaron como aviones de segunda mano y se estimó entonces que podrían operar varias décadas más. En 2014, el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, advirtió que los A310 “tienen ya unos años” y que las averías afectaban tanto a la imagen como a la operativa. Desde entonces, pese a la evidencia del desgaste, ninguna administración ha acometido la renovación definitiva.

La explicación recurrente —el coste elevado y la dificultad de explicar al público una inversión de ese calibre— ha mantenido el asunto en el cajón. El Gobierno actual ha intentado restar importancia al último fallo, y también pesa la preocupación por las críticas que rodean al uso de determinados aparatos, como los Falcon, en desplazamientos cuya necesidad ha sido cuestionada.

Pero la seguridad no es opinable ni negociable: cuando los recursos que garantizan la movilidad de las altas autoridades muestran fallos recurrentes, la responsabilidad pública exige respuestas claras, medidas concretas y transparencia. Guardar el problema por temor a la polémica solo mina la confianza y deja al Estado expuesto a nuevos sobresaltos.

Es imprescindible abrir un debate sereno sobre la flota oficial, sus condiciones reales y las alternativas posibles, sin eludir los costes ni las explicaciones. La ciudadanía merece saber cómo se protege la seguridad de quienes representan al país y qué plan existe para sustituir equipos que han cumplido su vida útil. La solemnidad del Estado no puede cubrir con retórica lo que requiere decisión y diligencia técnica.