Actualidad

El 3 de marzo arrancaron operaciones conjuntas entre fuerzas ecuatorianas y estadounidenses contra organizaciones terroristas en Ecuador. La alianza promete mano dura contra el narcoterrorismo, pero plantea preguntas incómodas sobre independencia y resultados.

Las descalificaciones públicas de Donald Trump contra España no han alterado la agenda de defensa: manifestaciones aéreas en nuestro espacio, Rota como base y una fragata española certificándose con portaaviones norteamericano.

El Alto Tribunal rechaza enviar el caso a la Audiencia Nacional, acepta más de 75 testigos y la Fiscalía pide 24 años para José Luis Ábalos.

Cinco jóvenes muertos tras el hundimiento de la pasarela de El Bocal. No es accidente fortuito: hay firmas, mociones y denuncias que trazan una cadena de responsabilidades.

El eco del 'No a la guerra' regresa con Sánchez, pero la lección de 2003 demuestra que las convicciones domésticas pueden pagarse muy caro en la arena internacional.

Frente a las amenazas de Trump, el presidente español clausura el uso de bases y proclama 'no a la guerra' como estandarte para activar a su electorado y acotar a la izquierda aliada.

El Partido Popular llevará la próxima semana una PNL al Congreso para suprimir la rectificación registral basada en la voluntad declarada. El choque político y social vuelve a abrirse sobre sexo, derechos y legislación.

La expulsión del exlíder de Vox en Murcia destapa una práctica de mando que, según él, sustituye la deliberación por el silencio obligado: 'En Vox no existe la democracia, la libertad. Es el imperio del miedo'.

Los datos no perdonan: los hombres jóvenes viran con fuerza hacia posturas conservadoras y de extrema derecha; las mujeres, tras avances laborales y formativos, se alejan del progresismo más despacio, empujadas por la erosión del poder adquisitivo.

Ataques coordinados, víctimas civiles y una justificación jurídica en entredicho. Si la guerra no cumple las reglas que la comunidad internacional acordó, las consecuencias son gravísimas.

Una disputa institucional entre los ministerios de Trabajo y Educación puede provocar la renuncia de varias comunidades al programa que trae nativos a las aulas. La falta de seguridad jurídica es la amenaza tangible.

Óscar Fernández verbaliza la exigencia de Vox: oponerse 'por todos los medios legales, jurídicos y políticos' al reparto de inmigrantes, pero circunscribiendo las demandas al ámbito autonómico.