La pasarela de Santander: papeletas firmadas, advertencias ignoradas y cinco vidas que gritan responsabilidad

La tragedia de El Bocal no cae del cielo ni brota de la fatalidad: es el desenlace de un trayecto trazado en papel y advertido en voz alta por vecinos y colectivos. Cinco jóvenes han perdido la vida y, ante la conmoción, la exigencia de responsabilidades se impone con la crudeza de los hechos.

Los documentos oficiales describen con precisión lo que la política retórica pretende difuminar. El 6 de abril de 2004 un compromiso municipal, rubricado por el entonces alcalde Gonzalo Piñeiro y el concejal Íñigo de la Serna, recogía la asunción por parte del Ayuntamiento de Santander del mantenimiento de la senda peatonal una vez finalizadas las obras. No es una vaga insinuación: son cuatro puntos que dibujan una obligación administrativa que fue remitida al organismo estatal.

La segunda fecha clave, el 31 de octubre de 2019, aparece en el acta del pleno municipal ya presidido por la actual alcaldesa Gema Igual. Una moción aprobada recogía que el proyecto había sido redactado por el Ministerio y ejecutado "en colaboración con el Ayuntamiento"; el texto además facultaba al Consistorio para actuar subsidiariamente y retirar material de la obra previa tramitación administrativa. De nuevo, papel y potestad que no pueden ser borrados por retórica política.

Entre esas dos fechas, la voz de la calle no dejó de sonar. Vecinos y colectivos alertaron reiteradamente de la peligrosidad de la zona: denuncias sobre el deterioro, protestas contra el hormigonado y reparos por la instalación de pasarelas y miradores que alteraban la senda tradicional. En 2014 arrancó un proyecto de adecuación impulsado por la Demarcación de Costas con un presupuesto de un millón de euros y adjudicado a Dragados; siete meses después las obras se paralizaron por las protestas de la Asamblea de la Sendera Costera (ADSC).

La presión vecinal obtuvo algo: en 2016 un nuevo documento avalado por el Ministerio recogía la petición de ADSC de retirar miradores y pasarelas que no se correspondían con la senda tradicional. Pero entre las mociones aprobadas, las advertencias públicas y las obligaciones firmadas, la realidad de la pasarela que se vino abajo siguió existiendo y empeorando hasta el fatal hundimiento.

Ante la tragedia, las responsabilidades apuntan en varias direcciones: Hugo Morán habla ya de responsabilidad de las tres administraciones —Ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander—; la alcaldesa, por su parte, vincula la cuestión a la ejecución de la obra atribuida a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Los papeles, no las declaraciones, muestran actos, fechas y compromisos que reclaman explicación.

Que no se confunda la prudencia con la pasividad. La ciudadanía exige, con razón, respuestas claras: qué se hizo y qué no se hizo entre 2004 y 2019; por qué quedaron en papel mociones y facultades que permitían intervenir; por qué las advertencias repetidas sobre el deterioro y la peligrosidad no impidieron el desastre. Cinco vidas perdidas no admiten eufemismos ni circunloquios políticos.

Es imprescindible que la investigación avance con la misma claridad documental que hoy muestran los hechos y que las administraciones —todas las que participaron en el proceso— asuman la transparencia y la responsabilidad que las firmas y los acuerdos reclaman. La sociedad no pedirá venganza: exigirá verdad, claridad y las medidas necesarias para que nunca volvamos a pagar con vidas la omisión de lo que ya estaba escrito.