El imperio del miedo: cuando la disciplina devora a la democracia interna

La escena es conocida: un dirigente territorial que adquiere proyección pública recibe la orden de apartarse y, en lugar de explicaciones, encuentra movimientos de zapa y el cierre de canales. José Ángel Antelo, hasta hace una semana presidente de Vox en Murcia, ha contado con palabras duras lo sucedido: pidió que dejara la Presidencia el pasado 25 de marzo y, tras negarse a dimitir sin motivo, se procedió a su cese mediante maniobras que él califica de opacas.

No se trata sólo de un relevo. Antelo denuncia hechos concretos y graves: una notificación con su nombre, apellidos y DNI solicitando el cambio de portavoz que él asegura no haber firmado; su escrito a la Asamblea poniendo en conocimiento que su firma no fue suya; y la intención, por su condición de cargo público, de remitir esa posible falsedad documental a la Justicia. Son alegaciones tangibles que dibujan la imagen de unas formas que el propio dirigente considera equivocadas.

Pero lo más elocuente no es sólo la denuncia puntual: es la tesis política que la acompaña. Antelo habla de que en Vox «no existe la democracia, la libertad. Es el imperio del miedo». Y no lo dice como metáfora ligera: explica que dentro del partido quien osa discrepar corre el riesgo de quedarse «en la calle», que las críticas públicas contra decisiones internas son castigadas y que la libertad de expresión —lo más sagrado para cualquier militante— queda constreñida por imposiciones del aparato.

Ese diagnóstico se apoya en ejemplos: la ausencia de explicaciones directas —«Santiago ni me ha llamado ni me ha mandado un mensaje, cero»—, ceses de cargos nacionales como el de Javier Ortega Smith que no acaban de encajarle y, sobre todo, la constatación de que las primarias que le auparon han sido sustituidas por designaciones «a dedo». Lo que era participación se transforma en selección desde arriba; lo que era voz se convierte en obediencia.

Antelo reclama lo elemental: democracia interna y capacidad de decisión en los territorios. Denuncia que las presidencias provinciales han quedado reducidas a tareas menores —«poner mesas informativas y gestionar la comida de Navidad»— mientras las decisiones se centralizan en órganos nacionales. No pide favores; pide que los afiliados tengan voz. Y recuerda la incongruencia: un partido que proclama democracia directa en la esfera pública niega, según su versión, ese mismo derecho dentro de sus estructuras.

Queda además la tensión entre lo orgánico y lo personal. Cuando la dirección justifica su petición de dimisión con frases como «para protegerte», Antelo responde con ironía: que él se protege solo. Y cuando se le expulsa del grupo parlamentario «en base a qué», subraya, si no hay expediente ni incumplimiento del reglamento, la pregunta es obvia y contundente: ¿con qué legitimidad se aparta a quienes destacan en la escena pública?

No se trata de una disputa anecdótica. Cuando los métodos disciplinarios sustituyen al debate, la política se empobrece y la representación se ahoga. Si un partido que aspira a gobernar trata así a sus propios cuadros, cabe legítimamente preguntar qué tipo de democracia practicaría en el poder. Las palabras de Antelo constituyen una advertencia: el control absoluto puede preservar la unidad, pero sacrifica la libertad y, con ella, la credibilidad ante la sociedad.