La guerra que se pretende legal: dudas y responsabilidades

Se han encendido los cielos de Oriente Medio y, con ellos, el debate elemental sobre la legalidad de la fuerza en las relaciones entre Estados. Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero; Irán ha respondido con ataques contra Israel y contra países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses. El Secretario General de la ONU pidió respeto por el derecho internacional. Los cuerpos no entienden de justificaciones.

Ambas partes proclaman tener razones para obrar. El presidente Donald Trump acusó a Teherán de construir armas nucleares que, según él, amenazan a aliados y podrían alcanzar territorio estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio, según la fuente, afirmó que Estados Unidos tuvo que "atacar preventivamente" porque esperaba una "acción israelí". El presidente israelí Isaac Herzog dijo que los presuntos planes iraníes para desarrollar una bomba son motivo suficiente para actuar.

Frente a esas afirmaciones, el andamiaje jurídico internacional es claro y exige pruebas: la Carta de la ONU prohibe por regla general el uso de la fuerza (artículo 2.4) y sólo admite excepciones concretas, como la legítima defensa tras un ataque armado (artículo 51). La cuestión decisiva es si existía una amenaza inminente. Los expertos consultados por la BBC —entre ellos Susan Breau y Geoffrey Nice— concluyen que no se han mostrado "pruebas irrefutables" de esa inminencia. Nice llega a afirmar que "existe una buena posibilidad de que el inicio de la guerra no haya sido legal".

En este escenario de sombría claridad, las cifras confirman el coste humano: organizaciones humanitarias sitúan en más de 1.000 los muertos en Irán desde el inicio de los ataques; en Líbano decenas han muerto por bombardeos israelíes; y en otros episodios han muerto decenas más, incluidos seis soldados estadounidenses. Las imágenes difundidas por el gobierno iraní sobre entierros tras un presunto ataque a una escuela en Minab, y las escenas de edificios ardiendo tras impactos con drones en Bahréin, son el eco tangible de una escalada que supera la abstracción de la legalidad.

Que un presidente invoque la necesidad de "atacar preventivamente" y que otro líder considere suficiente el plan nuclear presunto no exime de responsabilidad legal y moral. La propia administración estadounidense, según fuentes citadas, sostiene haber intentado negociar con Irán antes de algunos bombardeos en junio de 2025; Trump afirma que Irán rechazó oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares. Pero la ley internacional no se reduce a intenciones y reproches: exige evidencias claras cuando se invoca la inminencia del peligro.

Tampoco cabe la complacencia ante la réplica iraní: los expertos advierten de que esa respuesta defensiva podría también vulnerar el derecho internacional. No hay victoria jurídica en el intercambio de violencias; sólo agravamiento del sufrimiento y de la anomia internacional.

La comunidad internacional, y en primer término la ONU, ha llamado a respetar las normas pactadas tras los horrores del siglo XX. Si esas normas se vuelven relativas en función de intereses estratégicos o apelaciones vagas a la amenaza, el principio mismo que sustenta la paz colectiva queda mermado. La pregunta patriótica y básica es esta: ¿vamos a permitir que la legalidad internacional sea letra muerta cuando la sangre corre?

Exigir pruebas, pedir responsabilidad y proteger a las poblaciones civiles no es neutralidad tibia: es sostener el orden jurídico que evita que los Estados suplan la ley por la improvisación militar. Las voces que reclaman una demostración incontrovertible de inminencia tienen, en este punto, la obligación de la prudencia. Porque la prudencia no es debilidad: es la última garantía de que la fuerza se use solo cuando la ley lo permita y no en nombre de pretextos.

Queda, por tanto, una necesidad urgente de transparencia, de rendición de cuentas y de someter a examen público las pruebas que se invocan para la guerra. Sin eso, la comunidad internacional se enfrenta al riesgo de normalizar una ley para los fuertes y otra para los demás. Y esa fractura, a la postre, será la derrota de todos.