Choque de ministros pone en jaque a los auxiliares de conversación

La escena es de una grave disfunción administrativa: dos ministerios del mismo Gobierno haciendo sonar alarmas contrapuestas sobre un programa educativo que lleva dos décadas en marcha. Por un lado, el Ministerio de Educación mantiene un convenio que considera a los auxiliares de conversación como un "intercambio cultural" y no como una relación laboral. Por otro, el Ministerio de Trabajo ha iniciado inspecciones y sancionado a varias comunidades autónomas al entender que, en algunos casos, esas figuras se han comportado como "falsos becarios" y podrían exigirles cotización a la Seguridad Social.

No es retórica: hay cifras y decisiones que pesan. El curso pasado participaron 7.140 auxiliares nativos que ayudaron a mejorar la expresión oral en lenguas como inglés, francés, alemán, italiano o portugués. Las compensaciones que reciben se sitúan, según la información disponible, en torno a 800-1.000 euros mensuales y, en ocasiones, incluyen alojamiento o vales de comida. El convenio de Educación se apoya, además, en un dictamen de la Abogacía del Estado que concluye que “no concurre una relación laboral” y que la figura se asemeja más a la de un "embajador cultural" que a la prestación de servicios retribuidos.

Frente a ese posicionamiento jurídico-administrativo, Trabajo reclama aplicación de la legislación laboral y de sentencias que, en su criterio, impiden que programas así sustituyan trabajo docente. La inspección ha apuntado a actuaciones concretas: auxiliares que, dicen los inspectores, ayudan a impartir clases o elaboran contenidos, corrigen pronunciación en el aula, participan en clases preparatorias de exámenes como Cambridge o DELF, o traducen materiales. Si esas prácticas se demostraran extendidas, para Trabajo la respuesta es clara: o se acredita que son becarios sin funciones docentes ordinarias, o habrá que buscar una