Ecuador y EE.UU.: operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo, ¿seguridad o soberanía en jaque?

El anuncio fue seco y directo: "Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal", dijo el presidente Daniel Noboa, y el Comando Sur de Estados Unidos confirmó el inicio de operaciones el 3 de marzo. No es un gesto simbólico: helicópteros, imágenes nocturnas desde el aire y la mención expresa de "Organizaciones Terroristas Designadas" sitúan la acción en un plano militarizado y de alto impacto.

Que Washington y Quito coordinen una ofensiva conjunta no es una sorpresa total, pero sí un hecho de gran calado. El Comando Sur acompañó el aviso con palabras del general Francis L. Donovan elogiando el compromiso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas; el Ministerio de Defensa ecuatoriano, por su parte, calificó la operación de "ofensiva" y explicó que sus detalles son clasificados. Hechos que confirman la magnitud y la sensibilidad de las operaciones en marcha.

¿A qué responden? A una crisis de seguridad evidente y creciente: asesinato del candidato Fernando Villavicencio en plena campaña; motines carcelarios sangrientos; enfrentamientos entre bandas en Guayaquil; toque de queda en cuatro provincias decretado por el gobierno. El propio Noboa afirma que alrededor del 70% de la cocaína mundial fluye actualmente por los grandes puertos de Ecuador, un dato que pinta el tablero geopolítico y explica la presión y el interés externo.

El marco político y diplomático también es claro en la documentación pública: durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio se anunció la inclusión de las bandas Los Lobos y Los Choneros en la lista de grupos considerados terroristas por Estados Unidos, junto al compromiso estadounidense de suministrar 13,5 millones de dólares en ayuda de seguridad y 6 millones en tecnología de drones. En años recientes, Estados Unidos ha aplicado sanciones como la de la OFAC en 2024 contra José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", y la justicia ecuatoriana aprobó su extradición a EE.UU. por cargos relacionados con la distribución internacional de cocaína y otros delitos.

Nada de esto ocurre en el vacío: hace cuatro meses los ecuatorianos votaron No en un referendo que frustró planes de regreso de bases militares extranjeras al país. Es decir, la sociedad dio un veredicto adverso a una mayor presencia extranjera y, sin embargo, la cooperación militar se intensifica ahora bajo la bandera de la lucha contra el narcoterrorismo. ¿Coincidencia o contradicción? La realidad exige respuestas y resultados, y la política exige explicar a los ciudadanos por qué se opta por esta ruta.

El relato oficial habla de alianza, apoyo y eficacia; las imágenes difundidas muestran capacidad operativa. Pero las preguntas persisten y no deben ser eludidas: ¿cuál será el marco jurídico y de control para estas operaciones clasificadas? ¿Cómo se mide la eficacia frente a la corrupción, la informalidad y la impunidad que alimentan al crimen organizado? ¿Qué garantías existen para preservar la soberanía y la seguridad de la población civil en las zonas intervenidas?

Ecuador y sus aliados aseguran que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y la paz en cada rincón del país. Son objetivos legítimos y urgentes. Pero la fuerza, por sí sola, no subsana todas las heridas. La operación es un paso contundente en la guerra contra el narcoterrorismo, y será inevitable exigir cuentas: resultados claros, respeto a la ley y transparencia. La ciudadanía ecuatoriana merece saber hasta dónde llega la mano de sus gobiernos y la de sus aliados, y con qué salvaguardas se actúa en nombre de la seguridad colectiva.