El Supremo asumirá la responsabilidad: Ábalos a juicio por la trama de las mascarillas

La Justicia no ha eludido su esfera. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado su competencia para juzgar al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García, rechazando las pretensiones de que la causa de las mascarillas en pandemia fuera remitida a la Audiencia Nacional. Ese acto de reafirmación procesal condiciona desde ahora el calendario y la serenidad con que la ciudadanía exige respuestas.

El calendario es nítido: el juicio arrancará el próximo 7 de abril. Junto a Ábalos y a García se sentará en el banquillo el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ex titular de Transportes una pena de 24 años de prisión por una batería de delitos que, según el auto, incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso de información privilegiada, falsedad y prevaricación. No son adjetivos; son imputaciones graves que el procedimiento deberá dilucidar públicamente.

El sumario ha desplegado una nómina larga y sensible de actuaciones que la Fiscalía encuadra, entre otras, como un delito de cohecho continuado: adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, colocaciones laborales de personas próximas en distintas empresas públicas, operaciones inmobiliarias relacionadas con chalés en Cádiz y Marbella y estancias en inmuebles vinculadas a los investigados. Son revelaciones que explican por qué la causa no podía quedar relegada a un archivo menor: hay intereses públicos y decisiones que reclaman luz y contraste ante la máxima instancia penal.

El tribunal cerró asimismo las puertas a varias estrategias de la defensa. En un auto de 138 folios, la Sala desestimó las nulidades planteadas por Ábalos y García en la audiencia preliminar del 12 de febrero, mantuvo su competencia y rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como pedía la defensa. La decisión es rotunda: el proceso seguirá su curso en el Supremo.

La vista tendrá una amplitud probatoria notable. Se han admitido más de 75 testigos y alrededor de una veintena de peritos. Entre los testigos aceptados figuran el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, además de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; y ex gerentes y ex altos cargos del PSOE, así como ex jefes de gabinete de ministros y expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, junto a empresarios, familiares y allegados de los acusados. No obstante, la Sala rechazó peticiones de testificación de cargos como el presidente del Gobierno y otros ministros señalados en las actuaciones.

La causa llega al Supremo con la solemnidad que exige la defensa del interés público y la credibilidad institucional. No es menor que el ex número dos del PSOE renunciara al escaño en el Congreso cuando ya existía auto de apertura de juicio oral. La jurisprudencia sobre aforamientos ha determinado la competencia: la Sala Segunda asumirá el enjuiciamiento y su obligación de arbitrar un proceso ceñido a las pruebas admitidas y al derecho vigente.

La ciudadanía tendrá, pues, la prueba en sede pública. El Tribunal Supremo ha dicho que asumirá esa responsabilidad. Corresponde a las partes presentar y confrontar las pruebas, y a los magistrados decidir con la imparcialidad exigible. España reclama transparencia y resolución: que el proceso aporte la verdad y que la Justicia, una vez más, cumpla su cometido sin titubeos.