Política española

Isabel Díaz Ayuso vuelve a ponerse del lado del alcalde Manuel Bautista: 'es magnífico', dice desde Bruselas, mientras la Fiscalía pide abrir diligencias previas tras la querella de una exedil.

El choque político se precipita: Junts denuncia que el catalán ha sido excluido del trámite y avisa de un colapso municipal; el Gobierno habla de legitimidad y garantías.

La ética pública no admite envoltorios: una caja de bombones con 20.000 euros fue ofrecida a la directora general de Costas, que denunció y provocó la detención del empresario.

Sergio Sánchez admite haber sido socio y cobrado 18.000 euros de Análisis Relevante. Luego decide guardar silencio ante el Senado mientras la consultora está investigada por blanqueo.

Feijóo recibe a María Corina Machado y proclama que el lugar de España está al lado de la opositora, mientras ella exige a sus «genuinos aliados» apoyo para completar la transición en Venezuela.

La ciencia advierte que imponer horarios genéricos al entrenamiento es un error técnico: alondras por la mañana, noctámbulos por la tarde. La constatación viene de un ensayo clínico con resultados medibles.

Tras desbloquear la investidura en Extremadura, PP y Vox anuncian un acuerdo inminente en Aragón. La tensión entre proyecto y reparto, y la cuenta atrás hasta el 3 de mayo, definen la hora decisiva.

Un acuerdo de 74 medidas que promete estabilidad: la presidenta retiene las competencias en igualdad; Vox entra en el Ejecutivo con la Vicepresidencia y áreas clave.

Sergio Sánchez ratifica que la agencia de las hijas de Zapatero remitía informes a clientes y que él elaboró informes de 'fuentes abiertas', pero evita responder al Senado. El PP denuncia temor por su futuro profesional.

La Sala de lo Penal de Madrid rechaza la pretensión de Abogados Cristianos y absuelve al exdirigente de Podemos por un mensaje en X sobre abusos en la Iglesia.

La sentencia deja claro que, en el contexto valorado, una respuesta irónica no alcanza el umbral penal del odio. Quedan, no obstante, palabras calificadas de "desacertadas" e "impropias".

Un acuerdo regional que aspira a cambiar una ley orgánica y a crear una unidad de verificación que, sobre el papel, persigue mafias, pero que en la práctica dibuja una preferencia que choca con normas superiores.