Ayuso blinda al alcalde de Móstoles mientras la justicia avanza

La política tiene, a veces, un instinto de supervivencia partidaria que nubla la prudencia. Isabel Díaz Ayuso, desde la sede principal de la Comisión Europea en Bruselas y tras ver al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, no dudó en lanzar un auxilio público: "Es magnífico y está realizando un trabajo de primera", dijo en defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Es un auxilio que no se pronuncia en el vacío: la exconcejala del mismo partido presentó una querella el 16 de febrero, con un relato detallado de proposiciones de carácter sexual y de discriminación laboral, y la Fiscalía solicitó un mes después al juzgado de violencia sobre la mujer que abra diligencias previas. Pese a ello, Ayuso repite el argumento del entorno del regidor: que "no sabe de qué se le está acusando" y que queda en "una situación profunda de desigualdad".

No es una defensa institucional cualquiera; es la misma que ha desplegado el PP de Madrid desde la primera noticia pública. El partido, según la información disponible, presionó en hasta tres reuniones a la víctima para que no acudiera a los tribunales, y los dirigentes Ana Millán y Alfonso Serrano se reunieron con la exedil intentando disuadirla de la denuncia. La mujer, tras meses pidiendo ayuda interna, dejó el acta de concejala a finales de 2024 y se dio de baja del partido.

La réplica de la oposición ha sido inmediata y contundente. Manuela Bergerot, de Más Madrid, apunta hacia un patrón de acoso sexual y laboral aprovechando la posición de poder; la diputada regional del PSOE, Lorena Morales, reclama el cese inmediato de Bautista. La tensión política pasa por encima de la presunción de veracidad y de la investigación: Ayuso denuncia una «persecución mediática» orquestada por el Gobierno, mientras la Fiscalía pide al juzgado que dé impulso procesal al caso.

De lo sucedido se desprende una pregunta esencial para la vida pública: ¿proteger a un cargo es sinónimo de blindarlo frente a los hechos y a la investigación? Defender la presunción de inocencia es deber del Estado, pero amparar políticamente a un dirigente cuando la víctima alega haber sido amordazada internamente y la justicia avanza, es una decisión de calibre partidista.

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid obliga a los ciudadanos a elegir lectura: la de una protección incondicional de filas o la de una postura que deje actuar a la justicia sin interferencias políticas. La democracia exige reparación y proceso; la política no puede convertirse en paraguas que anule la diligencia investigadora ni en trinchera que silencie a quien denuncia.

En el epicentro está Móstoles, segundo municipio en población de la Comunidad según el relato público, pero sobre todo está la credibilidad de las instituciones y de los partidos que las habitan. Quien gobierna debe responder ante la justicia y ante la opinión pública con hechos, no con consignas. Y quien acusa merece que su denuncia sea tenida en cuenta y tramitada con el rigor que corresponde, sin presiones internas ni campañas de desprestigio públicas. La investigación judicial continúa; la política, también.