Silencios que no borran responsabilidades

Hay gestos que hablan más alto que las palabras. Este viernes, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Sergio Sánchez hizo uno de esos gestos: explicó lo imprescindible y, acto seguido, se recluyó en un silencio rotundo frente a las preguntas de los representantes de los ciudadanos.

Sánchez, hoy director de relaciones institucionales de Movistar Plus y antiguo directivo de Indra, Telefónica y alto cargo del CNI, reconoció que fue propietario del 25% de Análisis Relevante, la consultora vinculada al rescate de Plus Ultra, adquirida por 1.000 euros y que, según su testimonio, terminó perdiendo. Dijo también que redactó informes «de forma ocasional» —de fuentes abiertas— por los cuales percibió 18.000 euros y que todos esos ingresos fueron declarados a Hacienda y pueden demostrarse documentalmente.

Esos datos, claros y concretos, contrastan con la elección posterior: «prefiero no responder» a las preguntas de los senadores. ¿Qué se protege con ese silencio cuando la empresa en cuestión está bajo investigación en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales con fondos del rescate de Plus Ultra? El contraste, lejos de tranquilizar, genera más dudas y alimenta la sospecha legítima de que hay aspectos por aclarar.

No es un detalle menor que Análisis Relevante se constituyera en febrero de 2020 y que su administrador único, Julio Martínez Martínez, haya acudido obligado al Senado y, pese a ello, se negó a declarar por estar imputado. La concatenación de comparecencias evasivas —la del administrador y la del exsocio que opta por el mutismo— dificulta la claridad que demanda el interés público.

Las explicaciones parciales de Sánchez —su compra simbólica del 25% y la afirmación de que no escuchó jamás tratos comerciales con Plus Ultra ni vio ingreso alguno— quedan a la espera de corroboración plena. Y mientras tanto, la comisión y la ciudadanía se encuentran ante la paradoja: hechos admitidos, pero preguntas sin responder.

La calma diplomática con que se acogen esas omisiones no puede convertirse en normalidad. Declarar lo esencial y luego rehusar el interrogatorio es una fórmula que no satisface al Parlamento ni a quienes exigen transparencia en un asunto que involucra rescates públicos y sospechas de blanqueo.

Si la política pública aspira a recuperar la confianza, no bastan exposiciones parciales ni silencios estratégicos. Hace falta que quienes estuvieron vinculados a la consultora —administradores, socios y consultores— aporten toda la luz documental y verbal que el Congreso y la Justicia necesitan para dirimir responsabilidades. Hasta entonces, los hechos admitidos y los silencios impuestos seguirán pesando sobre la verdad y sobre la reputación de las instituciones.