La regularización que divide: cuando el catalán queda fuera y los ayuntamientos colapsan

El choque es claro y no admite atenuantes: una iniciativa que el Ejecutivo tilda de hito —permitir que hasta medio millón de personas en situación irregular accedan a residencia, cotización y derechos— se encuentra ahora con la firme oposición de Junts per Catalunya, que anuncia obstrucción parlamentaria y acciones judiciales.

Junts fundamenta su rechazo en dos ejes: la supuesta marginación de la lengua catalana en los trámites y el desbordamiento inmediato de los servicios municipales. "Se excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia", sostiene el partido independentista, y denuncia que ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio correspondiente están disponibles en catalán. No es una queja menor: lo que para el Gobierno pretende ser un avance social, para Junts se convierte en una afrenta a la cooficialidad lingüística y a la integración basada en el reconocimiento de la lengua propia.

Al mismo tiempo, Junts alerta de un "grave colapso de los servicios municipales en Cataluña": un argumento que traslada la discusión de lo jurídico y lo simbólico al terreno práctico de la gestión local. El reproche es nitidez pura: un decreto ley que, según sus críticos, se aprueba sin correcciones parlamentarias y externaliza los problemas hacia los ayuntamientos, dejándolos sin control, sin recursos y sin capacidad de respuesta.

La ofensiva de Junts no queda en el Parlamento: el partido, que lidera Carles Puigdemont, ha encargado a su departamento jurídico preparar denuncias ante instituciones europeas por lo que califica de vulneración de directivas y por la "marginación de una lengua cooficial como criterio de integración". Así, la disputa se proyecta desde la arena política local hasta el terreno judicial y europeo, con la voluntad expresa de judicializar el texto.

En el otro extremo, el Gobierno defiende su decreto y subraya su triple legitimidad —social, política y económica— así como las "garantías legales" del proceso y el aval de organismos y estudios. Y en la sombra de la argumentación técnica aparece la voz empresarial: Foment del Treball advierte, a través de un estudio, de la necesidad de mano de obra para mantener la producción y la competitividad, señalando que faltarán 140.000 inmigrantes al año para no resentir el empleo en la próxima década.

El resultado es una polarización que convoca preguntas incómodas: ¿puede una política de Estado de regularización avanzar sin atender las sensibilidades territoriales y lingüísticas? ¿Es razonable imponer un procedimiento que carga sobre las administraciones locales una parte decisiva de su ejecución sin dotarlas de medios? Y, sobre todo, ¿quién decide cómo se integra y con qué reglas se ponderan la cohesión social, la lengua y la gestión pública?

No es simplemente una disputa técnica: es una cuestión de soberanía administrativa, de respeto a las cooficialidades y de responsabilidad en la gobernanza. Que la iniciativa nazca con el objetivo de dar derechos y obligaciones a medio millón de personas es un propósito legítimo; que su tramitación provoque rechazo explícito y acciones legales, y que algunos ayuntamientos se sientan desbordados, exige un ejercicio de prudencia política que, por ahora, brilla por su ausencia.