La prioridad nacional que pretende burlar la ley

El acuerdo suscrito entre PP y Vox para gobernar Extremadura no es un mero pacto autonómico: aspira a reordenar derechos y prioridades y, de paso, a marcar la agenda nacional del PP. Santiago Abascal ha logrado que los populares se comprometan a instar la reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros —la llamada ley de extranjería— con el objetivo declarado de acabar con la prohibición de discriminar a inmigrantes e introducir la llamada “prioridad nacional”.

Se vende como una defensa de los recursos públicos para quienes “mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. Ese arraigo se concreta en requisitos de empadronamiento histórico —mínimo de 10 años para compra y 5 para alquiler— y en la asignación prioritaria de ayudas, subvenciones y vivienda protegida. Pero el propio texto obliga a que todo ello sea “adecuado a la legalidad vigente”, lo que revela la tensión entre la retórica del pacto y los límites legales existentes.

Esa tensión no es menor: el artículo 14 de la Ley de Extranjería declara que los extranjeros residentes tienen derecho a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, incluyendo las prestaciones de la Seguridad Social y el acceso a sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda. Por eso el pacto contiene el compromiso explícito de instar la reforma de la ley de extranjería, una norma de rango orgánico cuya modificación exige mayoría absoluta en el Congreso.

Aun así, ni siquiera una hipotética reforma orgánica agotaría las barreras. El Tratado de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales limitan la posibilidad de discriminar a ciudadanos de la Unión por razón de nacionalidad, de modo que la preferencia nacional absoluta que reclama Vox no es plenamente compatible con el marco europeo: sólo cabría una preferencia comunitaria, no nacional.

El pacto no se queda en la ley de extranjería. Incluye también la intención de reformar la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para dificultar la inscripción en el padrón municipal, considerando nulo el empadronamiento de quienes carezcan de “título habilitante de ocupación de una vivienda”. Esa propuesta anuncia una política de control del registro de residentes que puede reducir el acceso formal a derechos básicos.

Y mientras se tramitan esas reformas, el acuerdo plantea la creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y Residencia Efectiva. El texto le atribuye funciones de detección de empadronamientos ficticios, activación de actuaciones inspectoras cuando haya indicios de fraude y la identificación y desmantelamiento de redes organizadas que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los llamados “pisos patera”. Aunque el pacto no lo dice textualmente, el perfil descrito de la unidad tiene un tinte parapolicial.

¿A quién beneficia este diseño? El objetivo declarado es priorizar a quienes el pacto considera con mayor arraigo; la práctica puede traducirse en trabas administrativas a la regularidad y al acceso a prestaciones de colectivos vulnerables. Y todo ello, además, como posible guía para un futuro programa conjunto PP‑Vox a nivel nacional: un laboratorio regional con ambición de trasladar medidas al conjunto del Estado.

No se trata sólo de palabras en un documento: es la promesa de cambiar una ley orgánica, de modificar el padrón y de crear instrumentos de control que, sin saltarse formalmente la legalidad, la estiran hasta los límites del marco vigente y de la normativa europea. Es una iniciativa que redefine prioridades públicas y que obliga a preguntarse por el coste jurídico y social de institucionalizar la “prioridad nacional” en derechos que hoy son universales para residentes.