Política española

El intercambio de improperios en el Pleno, la intervención de la Mesa y el rechazo a una declaración institucional evidencian un Parlamento al límite.

Ocho comunidades gobernadas por el PP ya preparan recursos contra el real decreto que regulariza a medio millón de inmigrantes; Andalucía prefiere no mojarse en campaña.

La intervención de la Sepi en el rescate de Duro Felguera impuso la venta de Epicom por 120 millones; en medio, la presencia de un exdirigente teóricamente cesado y una investigación en curso.

En el banquillo del Supremo desfila la estética de la alta función pública: buenos modales, acento gallego y respuestas medidas, frente a preguntas que huelen a enchufe, comisionistas y contratos de mascarillas.

Un empresario pagó dos cenas y el alquiler de un chalé para recibir a la número dos de Maduro; cinco ministros estaban convocados, pero la invitada tenía prohibido entrar en Schengen.

Vox pone punto final al conflicto interno: el recurso de alzada de Ortega Smith ha sido resuelto y la expulsión confirmada. Solo queda la vía judicial para quien quiera impugnar la decisión.

Colas de hasta cuatro horas, agentes sin salario y la presencia del ICE en aeropuertos: hechos que explican por qué muchos turistas reconsideran visitar EE. UU.

La cápsula Orión amerizó frente a San Diego tras una reentrada brutal: 2.700 ºC en el escudo térmico, seis minutos de apagón y apenas 13 minutos desde la entrada hasta el agua. La imagen de la escotilla abierta es la crónica de un retorno medido y preciso.

Keiko Fujimori encabeza el recuento con 17% y la lucha por la segunda plaza —entre Sánchez, López Aliaga, Nieto y Belmont— deja al país al borde de la incertidumbre.

Las negociaciones entre PP y Vox aceleran en Extremadura y sirven de ensayo general. Lo que se cierre en Mérida marcará la correlación de fuerzas en la derecha.

El Ejecutivo insiste: la cita con las urnas está fijada para julio de 2027 y no se alterará por la investigación a la mujer del presidente.

El Gobierno defiende una medida sustentada en informes económicos y controles penales; la oposición responde con palabras duras que el decreto ya desactiva en parte.