No habrá adelanto: las elecciones serán cuando toca

El Gobierno ha cerrado filas y ha pronunciado una frase que pretende ser definitiva: "Las elecciones serán cuando toca que sean". No hay voluntad en Moncloa de precipitar el calendario institucional por la mera posibilidad de una vista oral contra Begoña Gómez, prevista previsiblemente en el primer trimestre del próximo año.

En privado y en público, el Ejecutivo se agarra a dos certezas procedimentales: la primera, la convicción de que "alguien pondrá sentido a este despropósito" y la esperanza de que finalmente no se celebre el juicio por las imputaciones que pesan sobre la esposa del presidente; la segunda, la espera al pronunciamiento de la Audiencia de Madrid sobre si archiva, limita o mantiene el procedimiento iniciado por el instructor Juan Carlos Peinado.

Los cargos del Gobierno y del PSOE apelan a la argumentación técnica desplegada en las últimas horas, incluida la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, que desde la sala de prensa afirmó que "nada está sostenido en ninguna prueba". Esa lectura refuerza la tesis oficial: la instrucción ha sido objeto de correcciones por parte de la sección penal que revisa las actuaciones, pero no se ha cerrado el cauce judicial y la decisión sobre la apertura de juicio corresponde ahora a la Audiencia.

En Ferraz sostienen también que la denuncia, presentada por Hazte Oír, "carece de toda base" y que forma parte de una estrategia de acoso política por parte de la derecha y la ultraderecha. Fuentes socialistas consultadas aseguran que, incluso si hubiese vista oral, no creen que ello afecte de manera significativa al electorado del PSOE, porque consideran que su base ya interpreta el caso en clave política.

No faltan críticas contundentes al procedimiento: Óscar Puente ha señalado, también en su cuenta en X, la ausencia de "apariencia de imparcialidad" en argumentos del auto que manda a juicio, hasta el punto de tildar de delirante una expresión sobre la inexistencia de jurisprudencia comparable. Sea cual fuere la valoración jurídica definitiva, lo cierto es que Moncloa no contempla un adelanto electoral y mantiene la cita prevista públicamente: julio de 2027.

La contienda política entra así en una nueva fase donde lo judicial y lo mediático pugnan por la iniciativa. Pero, por ahora, el calendario del Gobierno no se mueve: la legislatura seguirá su curso y la decisión sobre la continuidad del procedimiento corresponde a los órganos judiciales que deben resolver en las próximas semanas o meses.