Papeletas y papeles: la hipocresía de quien blande el miedo

La política española ha topado una vez más con la tensión primaria entre razón y retórica. El Ejecutivo de coalición ha puesto en marcha una regularización extraordinaria que pretende formalizar la situación de medio millón de extranjeros: sacarlos de la clandestinidad, otorgarles derechos y situarlos en condiciones laborales y sociales dignas. Es una decisión que el PSOE exhibe con comodidad pública y que, según informes independientes citados, genera un beneficio fiscal neto estimado entre 3.000 y 4.000 euros por persona regularizada y no provoca, apuntan esos estudios, efecto llamada.

Frente a esa evidencia técnica y social, el PP ha desenfundado el discurso más duro. Alberto Núñez Feijóo habló de papeles “a granel” y llegó a afirmar que se dará documentación a personas “que han delinquido, que han abusado de una mujer o que han robado a un ciudadano”. Palabras gruesas que chocan con el texto legal ya publicado en el BOE: el decreto exige demostrar la inexistencia de antecedentes penales en los países donde el interesado haya vivido los últimos cinco años y la Administración recabará de oficio los historiales penales y policiales en España y en Europa.

No es un gesto simbólico sin control: el texto prevé la revisión “de forma casuística y circunstanciada” ante cualquier incidencia policial, diferenciando delitos menores por necesidad de delitos que revisten gravedad. Ese endurecimiento del decreto es además fruto de la propia revisión del Gobierno —con peticiones del Ministerio del Interior y aval jurídico del Consejo de Estado— que eliminó borradores más laxos; desapareció la posibilidad de que una simple declaración responsable supliera la comprobación del historial penal y se suprimieron excepciones previstas para quienes llevan cinco años en España o que ya hubieran solicitado antes la regularización.

Los números y la praxis pesan. En la actualidad hay más de 3,1 millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social y, desde los años ochenta, 1,3 millones de extranjeros han obtenido permiso de residencia por vías extraordinarias. Además, tanto la Iglesia —en sus bases y jerarquía— como buena parte del empresariado se han mostrado a favor de la medida, por razones humanitarias y de necesidad laboral: trabajos que, reconocen incluso sectores críticos, son demandados por la economía y no siempre quieren ser realizados por la población autóctona.

No extraña por tanto la indignación oficial del Gobierno ante el tono del líder del PP. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, reprochó que esas palabras boicotean a miles de ciudadanos y subrayó que “son personas en situación irregular, no delincuentes”. La ministra y la portavoz ha situado la medida en lo cotidiano: trabajadores que cuidaban a mayores, empleados que comparten barrios y colegios con españoles, rostros que los ciudadanos ven en sus calles y comercios.

El PP, que en 2024 apoyó una iniciativa legislativa popular que reunió más de 600.000 firmas a favor de formalizar extranjeros, opta ahora por la confrontación verbal. La propuesta que alzan —reunir expedientes policiales abiertos en otros países—, advierte el análisis contenido en el decreto y en la experiencia histórica, haría prácticamente inviable cualquier proceso semejante, incluida la propia vía extraordinaria que utilizaron gobiernos anteriores.

La partida política está servida: de un lado, una reforma practicable, con controles reforzados y cálculos económicos favorables; del otro, una reacción que mezcla temor y estrategia electoral, que pretende igualar migración y delincuencia cuando el propio marco legal no lo permite. La decisión del Gobierno de avanzar en trámites en oficinas por toda España es la respuesta práctica a esa disputa: políticas públicas frente a eslóganes, comprobación administrativa frente a descalificaciones generales. Queda en manos del debate público discernir si primará la utilidad social y económica o el rédito de la palabra gruesa.