Ocho gobiernos autonómicos del PP se plantan ante la regularización: la patria de las leyes en pie

La política no es un juego de efectos especiales: es la defensa de las instituciones y de la seguridad jurídica. Ocho de las once comunidades autónomas del Partido Popular —Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— han decidido o están estudiando abrir una vía judicial frente al Real Decreto que pretende una regularización extraordinaria de, al menos, medio millón de inmigrantes.

No se trata de gesto retórico: hay anuncios concretos de recurso, peticiones de suspensión cautelar y una estrategia explícita de llevar la batalla a los tribunales. Isabel Díaz Ayuso ya ha anticipado que recurrirá y pedirá la suspensión cautelar. Similar rotundidad emana de Murcia: "Aquello que pueda ser susceptible de recurrirse en los tribunales lo recurriremos", dijo Fernando López Miras. Baleares anuncia recurso y petición de suspensión cautelar por considerar que la medida avanza "sin consenso y sin dar voz a las comunidades".

La unidad de acción, casi monolítica, tiene un fundamento legítimo y medible: las comunidades autónomas alegan intereses concretos —sus servicios públicos, sus políticas activas de empleo— que, según la dirección del PP, legitiman su capacidad procesal donde los partidos quedarían desarmados por la falta de legitimación directa ante el Supremo en un real decreto.

Galicia "estudia a nivel jurídico el texto" tras conocerlo por el BOE y no cerrarse a recurrir: "No cerramos ninguna puerta", señalan fuentes próximas a la Xunta. Aragón y la Generalitat Valenciana han anunciado también que interpondrán todas las acciones judiciales posibles. Cantabria y Castilla y León anuncian el mismo camino: estudiar el decreto y, si cabe, recurrirlo.

Frente a esa postura convergente emerge una excepción llamativa: Andalucía. La Junta andaluza justifica su ausencia de iniciativa por un motivo claro y punzante: "Estamos en campaña, no es el momento aún de entrar ahí. Estamos con la cabeza en las elecciones", dicen fuentes cercanas a Juanma Moreno. No es una cuestión jurídica: es una decisión política de cálculo y prevención de daños electorales.

Ese desacople andaluz, en un momento en que el PP busca proyectar unidad y firmeza desde la centralidad, tiene lectura propia. El PP andaluz ha diseñado una campaña que intenta maximizar los réditos de la gestión con mayoría absoluta, evitando provocar fricciones que erosionen su atracción entre ex votantes socialistas. Es una estrategia cautelosa: hacer, sonreír y no abrir frentes innecesarios.

El cuadro es diáfano: el partido a nivel orgánico y su dirección han decidido plantarse ante el decreto; Alberto Núñez Feijóo tildó la regularización de "auténtico disparate", advirtiendo de la gravedad de permitir una regularización "a granel". Pero la ejecución de esa oposición busca en las comunidades autónomas la legitimidad procesal que, según la estrategia, permitirá llevar la disputa al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE.

Hay, en suma, dos realidades simultáneas: la movilización jurídica casi colectiva desde las comunidades del PP y la prudencia electoral de quien no quiere desgastarse en plena campaña. Ambas son legítimas, ambas son calculadas, pero sólo una ofrece la imagen de cohesión frente a una decisión del Gobierno central. En política, las palabras y los recursos cuentan; pero lo que cuenta más aún es la voluntad de defender lo que, en conciencia, se considera lesión a la ley y a los servicios públicos. Ahí está la línea que los gobiernos autonómicos del PP han decidido trazar, salvo la excepción andaluza, que ha preferido guardar silencio por estrategia electoral.