El Congreso en ebullición: entre insultos y la amenaza de la sanción

El Parlamento, lugar donde debería primar la palabra sobre la pelea, ha ofrecido esta semana un episodio que obliga a preguntarnos por la salud de la representación. Un diputado de Vox, José María Sánchez, se encaró con una letrada de la Cámara y, después, con el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en la tribuna de la Presidencia, mientras el pleno seguía su curso. El choque, sin precedentes según la crónica, es un síntoma insoportable de crispación.

No son adjetivos gratuitos: el propio ambiente en la Mesa del Congreso —el órgano rector de la vida de la Cámara— se describe como tan caldeado que, en palabras de uno de sus miembros, "un día de estos acabaremos a tortas, como en el Oeste". Ese diagnóstico, pronunciado por quien debe velar por el decoro institucional, ilumina la gravedad del incidente: si la autoridad que organiza los debates teme por la integridad física del hemiciclo, algo está fallando.

Los hechos, por orden. José María Sánchez, con antecedentes de provocación —según la información, llegó a llamar "brujas" a diputadas del PSOE y rehúsa el femenino al dirigirse a la presidenta del Congreso— protagonizó una reacción violenta en el Pleno ante los insultos que asegura haber recibido de un diputado de ERC: "asesino" y "criminal", según la versión que desencadenó la disputa. El diputado de Esquerra, Jordi Salvador, reconoció que respondió de forma incorrecta y asumió el error. No hay aquí pulcritud moral partisana que sustituya la constatación de que las respuestas cruzadas sobrepasaron la frontera del decoro.

La Mesa del Congreso deberá decidir sobre la medida disciplinaria. El episodio puede acarrear una sanción agravada para Sánchez de hasta un mes de suspensión de derechos como diputado, incluida la retirada del sueldo. Es la consecuencia legal prevista cuando el comportamiento de un representante vulnera la dignidad del Pleno; será la Mesa la que pese la gravedad y adopte la sanción procedente.

El intento del PSOE de aprobar una declaración institucional de condena no prosperó precisamente por el juego de intereses de los grupos. La declaración necesitaba el respaldo de todos; Vox y PP no la apoyaron. Vox lo negó por solidaridad con su diputado; el PP, por su parte, intentó introducir tres enmiendas al texto y los socialistas no accedieron a debatirlas. Ese bloqueo demuestra que, además del conflicto personal, se filtran aquí cálculos de partido que terminan por arriar la bandera del Parlamento como foro de elevación pública.

En medio del rifirrafe, el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, conocido por su rigor en la gestión del Pleno, admitió que llegó a temer que le cayese "un sopapo". No es una anécdota: es el síntoma de un clima en el que la prevención del conflicto parece insuficiente. Un poco de cintura para atemperar los incidentes, señalan quienes conocen las inercias de la Cámara, no estaría de más.

No cabe aquí repartir culpas en proporciones imaginarias: la crónica señala responsabilidades concretas y reconoce declaraciones de los protagonistas. Lo que exige la circunstancia es que la Mesa actúe con firmeza y con apego a la norma; que los grupos recuperen la capacidad de anteponer el interés del Parlamento al partidismo; y que los diputados recuerden que representan a la soberanía que reside en el pueblo, no a la algarabía de las broncas. Porque si la Cámara pierde su decoro, pierde también parte de su razón de ser.