Cuando el poder público se arrastra: la Sepi, Duro Felguera y una venta a la fuerza

La crónica es simple en sus hechos y grave en sus efectos: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) gestionó el rescate de Duro Felguera imponiendo como condición la venta de su filial de ciberseguridad, Epicom. El precio: 120 millones, pagados en marzo de 2021 y aún sin retorno claro. No se trata de ficción retórica, sino del relato dado ante la comisión de investigación del Senado y confirmado por fuentes de la propia metalúrgica asturiana.

Y en ese relato hay sombras que no se disipan por mucho que se intente explicar con tecnicismos administrativos. Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sepi, reconoció en la comisión que llevó a reuniones preparatorias del rescate a Vicente Fernández, expresidente del organismo, que figuraba como cesado desde hacía más de un año por decisión de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Fernández, pese a su estatus formal, acompañó a Lora y, según las fuentes consultadas, siguió manteniendo influencia con responsables de Duro Felguera.

La lógica del intercambio fue clara y tajante: la necesidad de salvación financiera de una empresa estratégica se aprovechó para retener una filial considerada valiosa para la seguridad nacional. El consejo de administración de Duro Felguera mostró reticencias —según se relata— ante el precio impuesto por la Sepi, pero acabó aceptando para lograr el tan ansiado rescate. El primer 40% de Epicom fue adquirido entonces con opción sobre el 60% restante, operación en la que participaron Indra y Oesia y que no abrió la puerta a otras ofertas.

La limpieza formal de los procedimientos choca con el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) investiga si hubo cobros de comisiones ilegales en torno a la operación, particularmente en relación con Vicente Fernández y otra empleada pública de la Sepi, Leire Díez. Lora admitió haber mantenido contactos con Fernández después de su cese y reconoció tratar asuntos oficiales con él, aunque rehusó detallar las conversaciones ante los senadores.

No es trivial que un órgano público encargado de rescates actúe así: cuando el instrumento del Estado que debe proteger empresas estratégicas condiciona la ayuda a la transferencia de activos, estamos ante una forma de intervención que exige máxima transparencia. Que además haya una investigación penal pendiente convierte la operación en un motivo legítimo de alarma pública: no por postureo, sino por el interés general y la seguridad industrial del país.

Las explicaciones técnicas no eximen de responsabilidad política. La Sepi debió gestionar el rescate con criterios claros, escrupulosos y transparentes. La presencia en reuniones de quien estaba, oficialmente, apartado del cargo y la posterior investigación de la UCO piden, cuanto menos, respuestas nítidas y una rendición de cuentas que no se agote en eufemismos. La democracia exige que los instrumentos públicos se usen para proteger el interés común, no para condicionar salvaciones a intercambios opacos.