Política española

Que Pedro Sánchez no reciba a María Corina Machado en Madrid no es un hecho menor: es la radiografía de una política exterior que elige equilibrios por encima de coherencias.

La Guardia Civil reconstruye cómo el binomio Koldo–Ábalos actuó como puente para los intereses de Víctor de Aldama en Baleares; 3,7 millones públicos pagados por mascarillas que no se utilizaron.

Zarrías admite haber puesto a sueldo a Leire Díez en fechas que enlazan con los cinco días en que Sánchez sopesó su continuidad. La coincidencia exige claridad, no retórica.

El informe de la UCO registra 65 mensajes y varias llamadas entre la entonces presidenta de Baleares y el asesor de Ábalos. Su declaración ante el Supremo decía no recordar ni tener constancia.

Una exedil popular presenta querella contra Manuel Bautista y el PP: relata proposiciones en el coche, rechazo, y un presunto acoso laboral que desembocó en invisibilización profesional.

El relato de Isidro Sánchez confirma encargos verbales para destruir archivos, pero se entrelaza con omisiones, contradicciones y anotaciones policiales que invitan a preguntas incómodas.

Mientras cientos de miles celebran una puerta administrativa, otros quedan atrapados en un vacío jurídico: apátridas y chicos con edades contradictorias entre pasaporte y Fiscalía.

Una tarde para el recuerdo en el pabellón Cecilio Gallego: Rafa Ballester y cuatro jugadores más cuelgan las botas; Pablo López Mateo cierra una etapa de 14 años.

Un acuerdo regional que aspira a cambiar una ley orgánica y a crear una unidad de verificación que, sobre el papel, persigue mafias, pero que en la práctica dibuja una preferencia que choca con normas superiores.

La sentencia deja claro que, en el contexto valorado, una respuesta irónica no alcanza el umbral penal del odio. Quedan, no obstante, palabras calificadas de "desacertadas" e "impropias".

La Sala de lo Penal de Madrid rechaza la pretensión de Abogados Cristianos y absuelve al exdirigente de Podemos por un mensaje en X sobre abusos en la Iglesia.

Sergio Sánchez ratifica que la agencia de las hijas de Zapatero remitía informes a clientes y que él elaboró informes de 'fuentes abiertas', pero evita responder al Senado. El PP denuncia temor por su futuro profesional.