Medio millón regularizados, 750.000 solicitudes: cuando la gestión encuentra su encrucijada

El Ejecutivo ha decidido abrir una vía extraordinaria para sacar a la luz la actividad laboral de miles de extranjeros: el Ministerio de Migraciones prevé recibir 750.000 solicitudes, de las que anticipa que quedarán como beneficiarios alrededor de 500.000. Esa es la ecuación con la que se mide la capacidad operativa del Estado en este episodio de política pública.

De esos 500.000 beneficiarios, el documento interno al que ha tenido acceso el periódico sitúa 300.000 en la vía destinada a quienes solicitaron protección internacional —con la exigencia de haber entrado antes del 1 de enero de este año— y 200.000 en la modalidad de arraigo, para quienes acrediten una permanencia continuada de cinco meses al presentar la solicitud. Esos son los números en los que se pretende asentar una regularización con alcance y condiciones concretas.

Las cuentas no son ingenuas: el Ministerio parte de experiencias previas y de márgenes conservadores. Tras la regularización extraordinaria vinculada a la dana de Valencia se registró un volumen de solicitudes que alcanzó un 143% del número final de beneficiarios; ahora se dimensiona el operativo hasta un 150% sobre los beneficiarios potenciales para prever carga de trabajo con holgura. No es retórica: el documento advierte expresamente que el dispositivo deberá “hacer frente a un número de solicitudes y expedientes superior a la estimación de potenciales beneficiarios”.

La norma introduce cambios concretos en requisitos: en el arraigo, por ejemplo, el tiempo exigido se reduce a cinco meses frente a periodos anteriores más largos; y el decreto se muestra permisivo en materia de antecedentes penales, según el propio documento. Además, se excluyen de la regularización quienes ya tengan en trámite su permiso de residencia y trabajo —un total de 180.000 expedientes de arraigo pendientes a 31 de diciembre de 2025—, mientras que quienes estén tramitando asilo o permisos por circunstancias excepcionales podrán ser atendidos mediante una “pasarela” que permita su tramitación preferente siempre que reúnan ciertas condiciones señaladas en el texto.

La tramitación será acelerada: vía de urgencia, plazos breves —15 días para la admisión o denegación y tres meses para resolver definitivamente—, y la concesión provisional de permiso de trabajo y residencia una vez admitida la solicitud, con el pago de una tasa de 38,28 euros. El procedimiento combinará vía telemática —donde ya se procesan el 90% de las solicitudes— y atención presencial en oficinas de Extranjería, Correos y la Seguridad Social, previa cita mediante sistema Cl@ve o el teléfono 060.

Sobre quién verificará y resolverá, la UTEX —Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería— será la responsable; cuenta con 51 personas en plantilla y se reforzará con personal de Tragsa y del propio Ministerio. El documento estima un tiempo medio de tramitación de unos 15 minutos por expediente y prevé campañas informativas para reducir fraudes y auxiliares irregulares.

El decreto está ahora en revisión por el Consejo de Estado y su aprobación está prevista para este mes. Algunas fuentes señalan el 21 como posible fecha de aprobación en Consejo de Ministros, si bien no existe unanimidad sobre ese calendario. Mientras tanto, abogados, ONG y sindicatos se preparan para actuar como intermediarios y para orientar a los solicitantes en un proceso que combina rapidez administrativa y una batería de requisitos y exclusiones.

Son hechos: cifras oficiales, plazos legales, vías y condicionantes recogidos en el documento de trabajo del Ministerio. Es sobre esa realidad sobre la que se debe debatir: cómo se organiza el aparato estatal para atender un proceso masivo en tiempos urgentes, cómo se evita la estafa y el secuestro de citas, y cómo se conjuga el objetivo declarado de regularizar con la necesidad de garantizar control y orden administrativo. El Gobierno ha puesto números y procedimientos; ahora toca gestionarlos con eficacia y transparencia.