Sumar no se rinde: la batalla por la vivienda se jugará en la calle y en el hemiciclo

La política, a veces, se parece a la caja de resonancia de una gran ciudad: amplifica lo urgente y silencia lo molesto. Sumar ha decidido convertir el decreto de vivienda en esa vibración constante que nadie pueda ignorar. Tras plantar cara al PSOE para arrancar la prórroga de los alquileres, la coalición no entrega la insignia: combinará diálogo político con presión social y movilizaciones callejeras para intentar que el Congreso convalide la medida antes del 5 de mayo.

No es una quimera retórica: Sumar asume que llevará el peso de las negociaciones y despliega una táctica dual. Por un lado, contactos con todo el arco parlamentario; por otro, la activación de sindicatos y plataformas de inquilinos para convertir la reclamación legislativa en clamor público. Los sindicatos no hablan en términos tibios: CC OO anticipó movilizaciones, y la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apelado a la movilización social.

En privado y en público, la clave se llama Junts. Nadie lo oculta: sin el voto de los catalanes independentistas la convalidación es un sueño difícil. El propio Jordi Turull ya ha dado por hecho que el Congreso tumbará el decreto y ha acusado al Gobierno de “postureo” y de “criminalizar a los pequeños propietarios”. Sin embargo, la reciente disposición de Junts a votar otro decreto —el relativo a las medidas por la guerra en Irán— ha reavivado esperanzas en Sumar: “Junts ha vuelto a sentarse a negociar con el Gobierno”, dicen en la coalición.

La vaga esperanza no sustituye al plan. Sumar sitúa en primera línea a ministros y portavoces: Pablo Bustinduy, convencido de que la votación se puede ganar, y Ernest Urtasun, encargado de los contactos con los grupos, en especial con Junts. Desde Consumo se ha activado una ofensiva administrativa: una carta remitida a 13 grandes grupos inmobiliarios que, según el ministerio, gestionan 100.000 viviendas, recordando que el decreto está vigente y debe aplicarse; distribución de formularios para que los inquilinos reclamen la prórroga; y una narrativa pública que señala a los grandes tenedores como destinatarios principales del impacto del decreto.

Sumar no se queda en la retórica de gabinete. Sus portavoces, como Aina Vidal, han contestado en el hemiciclo al argumento de la protección de «pequeños propietarios» y han puesto el foco donde ellos creen que debe estar: los grandes grupos. Vidal ha señalado que, según sus datos, grupos como CaixaBank y Blackstone concentran 40.000 viviendas entre ambos. Y el ministerio de Consumo estima que más de 2,5 millones de arrendatarios podrían verse afectados por la prórroga: cifras que alimentan el relato público de emergencia social.

La táctica social ha tenido efectos inmediatos: los formularios y la movilización digital han encontrado eco —los sindicatos de inquilinos registraron 230.000 visitas el primer día—. Sumar, además, defiende que la prórroga puede ser inamovible incluso si el Congreso finalmente tumbara el decreto; una línea argumental que pretende transformar el vigor administrativo en solidez política.

El calendario es inexorable: el decreto se publicó en el BOE el 21 de marzo y el plazo para su convalidación vence el 5 de mayo. Es ahí donde Sumar quiere llevar la contienda: estirar hasta el límite, encender la calle y forzar complicidades parlamentarias, con la convicción de que la combinación de presión social y negociación política puede inclinar una balanza que hoy pende, sobre todo, del sí o el no de Junts.

No hay triunfalismos. Hay, sí, determinación y estrategia. La izquierda del Gobierno ha elegido jugar en campo abierto: movilizaciones, activismo digital, cartas a los grandes tenedores y conversaciones con los aliados. Es la ofensiva de una formación que necesita un revulsivo y que ha puesto la vivienda en la primera fila del debate público. Queda por ver si esa batería de iniciativas será suficiente para traducir fuerza social en votos parlamentarios antes de que se apague el cronómetro del 5 de mayo.