Sánchez y la asimetría de los traspasos: privilegio o realismo gobernable

Singularidad: la palabra reaparece en los informes y en los comunicados oficiales cuando se trata de explicar la política territorial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde la segunda mitad de 2018, los registros del Ministerio de Política Territorial recogen que el Gobierno ha aprobado 46 traspasos mediante reales decretos. Treinta de esos traspasos —el 65% del total— han ido a parar a dos comunidades: País Vasco y Cataluña. Una cifra que no admite retórica: es asimetría en datos.

El propio Ejecutivo defiende estos movimientos como la expresión de una «descentralización» y un «fortalecimiento del Estado de las autonomías». «Los traspasos de competencias son un ejemplo más de los constantes acuerdos que alcanza el Gobierno de España con las comunidades autónomas», repiten en Política Territorial. Pero la realidad empírica, según los textos aprobados por Consejo de Ministros, es que la descentralización se materializa de forma muy concentrada: País Vasco, Cataluña y Navarra acumulan el 76% de los reales decretos de traspasos validados.

No es una anécdota administrativa: el 27 de marzo, el lehendakari Imanol Pradales se reunió en La Moncloa con Sánchez y ambos cerraron una decena de acuerdos y avances en transferencias —refuerzo de la financiación, apoyo a la pyme industrial vasca, colaboración financiera, pesca recreativa, seguridad privada y pública, cooperación en infraestructuras y un órgano bilateral aeroportuario— que aún no están materializados y, por tanto, no aparecen en el cómputo oficial. Es decir: la cifra conocida puede seguir creciendo.

El Gobierno apela a la «cogobernanza», al «acuerdo, la lealtad institucional y la eficacia en la gestión pública»; el ministro Ángel Víctor Torres celebró esa construcción. El PSOE, en el Congreso, ha formalizado también la idea de avanzar en traspasos como «garantía de mejora de los servicios públicos» y recuerda que muchos traspasos «quedaron paralizados entre 2011 y 2018». Son argumentos de legitimación política que buscan convertir hechos administrativos en doctrina.

Pero los números hablan por sí mismos: la gestión de transferencias con Sánchez pone el foco, con mucha más determinación, en determinadas comunidades. Comparaciones históricas incluidas en el recuento muestran que otros gobiernos aprobaron traspasos con distinto reparto y volumen —Aznar y Zapatero firmaron en sus mandatos cifras dispares—; aquí lo que destaca es la concentración actual en tres territorios.

Nada de lo anterior invalida el principio de descentralización que proclama el Gobierno, pero tampoco admite ocultamiento: la puesta en práctica de esa política está siendo marcadamente asimétrica. Hechos, porcentajes y acuerdos pendientes son la base sobre la que se construye este relato político. Que cada cual extraiga las conclusiones: ¿es reforzar el autogobierno o articular una gobernabilidad basada en concesiones concentradas? Los datos publicados ofrecen la respuesta, sin florituras retóricas.