Lealtad incierta: el CNI prescinde de un agente por temor a la influencia de Rabat

El Gobierno de los secretos no admite medias tintas. En el verano de 2023, el Centro Nacional de Inteligencia decidió dar por concluida la relación laboral con un agente de origen marroquí después de que la División de Personal elaborara un informe que, literalmente, calificaba su lealtad a España y al propio Centro como —y aquí no hay eufemismos— "incierta".

El documento, fechado el 22 de agosto de 2023 y reproducido parcialmente en la sentencia de la Audiencia Nacional, advirtió del peligro concreto: esa supuesta falta de fidelidad podía convertir al trabajador en objeto de captación por parte de los servicios de inteligencia marroquíes, con el consiguiente riesgo para la seguridad del CNI y de las personas que en él trabajan. No son conjeturas, son diligencias internas que determinan la idoneidad profesional del personal que maneja información delicada.

El informe reunió varias observaciones sobre el desempeño y la conducta del agente: falta de acatamiento de la normativa interna, incumplimiento del deber de reserva, búsqueda de intereses personales y, señala expresamente, ausencia de aprecio o respeto hacia la institución, sus superiores y compañeros, incluso hacia la pareja con la que convivía, también miembro del CNI. A esos elementos se unían circunstancias personales —su nacionalidad de origen, la insatisfacción personal y que la mayor parte de su familia reside en Marruecos— que, según los autores del informe, podían ser detectadas y explotadas por la DGED marroquí.

Ocho días después de la firma del informe, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comunicó al agente la pérdida de su condición de personal del Centro por no ser considerado idóneo. El expediente administrativo y el cerco de la seguridad se insertan, además, en un contexto más amplio: dos años antes, en plena crisis diplomática por la acogida de Brahim Gali, el CNI había alertado al Gobierno sobre maniobras de la dirección de inteligencia exterior marroquí para captar colaboradores en España, usando "bastantes recursos, incluso económicos".

El afectado recurrió. Alegó discriminación por su origen y aportó, entre otras pruebas, una evaluación psicológica favorable previa —tras participar en un curso para una misión en el Kurdistán sirio— y mensajes que denunciaban trato vejatorio. Sin embargo, la vía administrativa y la judicial han cerrado filas con el Centro: primero la directora del CNI rechazó la readmisión en noviembre de 2023; luego, en diciembre de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 10 consideró la medida "ajustada a derecho"; y, finalmente, el 4 de marzo la Sala Quinta de la Audiencia Nacional volvió a avalar la expulsión, subrayando que los hechos consignados en el informe afectan "a la propia seguridad del Centro Nacional de Inteligencia". La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

No es un caso aislado. El propio CNI reconoce que en los últimos 13 años frustró, por razones de seguridad nacional, la adquisición de la nacionalidad española a al menos seis ciudadanos marroquíes vinculados presuntamente con los servicios de espionaje de Marruecos. Esa trayectoria de prevención y celo explica la dureza de una institución obligada a anteponer la seguridad colectiva a cualquier consideración individual cuando hay riesgos razonables.

La decisión del Centro y su ratificación por los tribunales plantean preguntas incómodas, pero inevitables: ¿qué peso debe primar cuando la seguridad del Estado y la protección de información sensible se enfrentan a sospechas sobre lealtades personales? El dictamen judicial ha optado por la prudencia institucional. El debate, sin embargo, continuará en los márgenes del proceso si el exagente decide agotar la vía del Tribunal Supremo.