Política española

Santiago Abascal elude pronunciarse sobre la expulsión de Javier Ortega Smith; el Comité Ejecutivo ratifica sanciones firmes y los ediles expulsados preparan recursos judiciales.

La refinería de Pascagoula vuelve a recibir petróleo venezolano en grandes volúmenes; Chevron importa hoy 250.000 barriles diarios y prevé ampliar entregas.

El Alto Tribunal niega la cautelarísima pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica; el decreto, publicado en el BOE, entra en vigor mientras se tramita el recurso.

El traslado de Joan Vila, condenado por el asesinato de once ancianos, a un módulo de mujeres reaviva la discusión sobre la Ley Trans: la Alianza exige responsabilidades y pide su derogación.

El Gobierno ha cerrado la puerta a la indemnización solicitada por el exdiputado Alberto Rodríguez, alegando que el amparo del TC no genera efecto indemnizatorio y apuntando al deber del afectado de soportar el daño.

Francisca Muñoz, 'la Paqui', se niega a declarar en la comisión del Senado, pasa la comparecencia mirando el móvil y recibe reproches por su «mala educación» mientras afloran pagos, viajes y un ático sufragado por Servinabar.

La Guardia Civil atribuye a la presidenta del Congreso gestiones que facilitaron la entrada de empresas de Aldama en Baleares: mensajes, ofertas y presiones que activaron compras sin contrato previo.

Lo que hace meses parecía insalvable se ha convertido en acuerdo: PP y Vox formalizan un gobierno autonómico con reparto de cargos y un programa de 61 puntos y 74 medidas.

Un empresario entregó el teléfono personal del presidente dominicano al entorno de Koldo para facilitar contratos sanitarios. La UCO constata la intermediación y la contratación posterior.

Una jornada diseñada para la foto y la reafirmación: Machado aterriza en Madrid, pasa por la sede del PP, se encuentra con Vox y recibe la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Un acuerdo de 61 puntos y 74 medidas transforma el mapa del poder regional: vicepresidencia para Vox, recorte del 50% en subvenciones y una política de inmigración de línea dura.

Rusia ha publicado una lista con empresas europeas que fabrican drones o componentes, incluyendo a la española UAV Navigation, y líderes del Kremlin la han descrito como "objetivos potenciales".