Independencia o correa de transmisión: el CGPJ en la encrucijada

Hablar de politización del Consejo General del Poder Judicial es quedarse en la orilla del drama. Carlos Hugo Preciado, vocal elegido a propuesta de Sumar y definido por muchos como un "verso suelto", utiliza precisión terminológica: no es solo politización, es colonización partidista. Y no es una sutileza léxica: es la diferencia entre un órgano que marca la política judicial y uno que se convierte en simple correa de transmisión de los partidos.

Que un vocal de sensibilidad de izquierdas declare públicamente que vota según criterio propio —y que ello le haya costado personal y políticamente— es noticia y aviso. Preciado no niega las etiquetas: admite pertenecer a una familia ideológica, pero rechaza los bloques y la disciplina de voto como criterio rector. Afirma, con claridad, que "no seguir instrucciones de voto forma parte de nuestro trabajo" y recuerda que los vocales no están sujetos a mandato imperativo. No es un capricho: es una interpretación de la Constitución sobre la medida del deber público.

Sus votos, dice, han buscado fines concretos: creación de nuevas plazas judiciales, defensa de la prevención de riesgos de los jueces, creación de un grupo de trabajo de derechos humanos, políticas de igualdad de género en la carrera judicial y nombramientos basados en mérito y sensibilidad por los derechos humanos. Estas prioridades, añade, las respaldará si las propuestas las satisfacen, independientemente de quien las respalde. Hay en esa afirmación un principio republicano elemental: la lealtad al interés público por encima de las siglas.

El gesto de dejar su puesto a José María Fernández Seijo en la Comisión de la Escuela Judicial fue, en su exposición, una maniobra de cohesión interna: propiciar entendimiento y reconocimiento entre sensibilidades progresistas tras una crisis. No es una anécdota de despacho; es política institucional en sentido estricto: buscar unidad operativa para evitar fragmentaciones que dañan a la institución.

Sobre la acusación —de la que él dice haber oído en privado— de que determinados vocales seguirían consignas del Ministerio de Justicia, Preciado sale al paso con contundencia mesurada: el Consejo "está marcando muy bien cuál es su espacio de actuación frente a todo tipo de injerencia externa" y la elección de la presidenta ha sido, según él, un acierto. Si realmente existieran consignas ministeriales, lo considera "un hecho gravísimo"; confía en que no sea así. Hay en su voz la combinación del recelo institucional y del respaldo a la máxima responsable del órgano cuando esta actúa como representante neutra.

En materia de paridad y nombramientos discrecionales, el vocal ofrece datos y reconoce avances: la primera mujer que preside la institución; un 52,6% de mujeres elegidas en plazas donde concurrieron ambos sexos; en las 29 plazas del Tribunal Supremo con candidaturas mixtas, 15 hombres y 14 mujeres. También admite que queda camino por recorrer: animar a que las compañeras se presenten y evitar candidaturas unilaterales. Y subraya la reforma del Reglamento de nombramientos discrecionales para adaptarlo a la Ley de paridad. Son pasos palpables, dice, pero no el punto final.

Finalmente, aborda la cuestión de los expedientes disciplinarios archivados a jueces críticos con el Gobierno: coloca el foco en la carencia normativa. La Ley Orgánica del Poder Judicial, sostiene, no está adaptada a la realidad social, y esa laguna provoca una percepción de impunidad que daña la confianza en la independencia e imparcialidad judiciales. La respuesta, apunta, no puede ser meramente retórica: el Consejo debe ser riguroso dentro del marco que la ley le permite.

El cuadro que dibuja Preciado es claro y rotundo: un CGPJ que debe ser órgano impulsor de políticas judiciales para garantizar la independencia de jueces y juezas, no instrumento de partido. La defensa del voto propio le ha costado, reconoce, pero, en su formulación, constituye el cumplimiento del deber. Es una advertencia para los que, desde dentro o desde fuera, confunden lealtades partidarias con lealtad institucional.