Sánchez cierra la ventana humanitaria y abre la incertidumbre para los venezolanos

El Gobierno ha decidido cortar una vía que, entre 2019 y 2025, permitió conceder protección temporal a 246.811 personas, de las que 243.223 eran venezolanos (98,5%). No es una anécdota administrativa: es una medida que transforma el mapa jurídico y humano de miles de exiliados que buscaron en España un colchón de seguridad.

La medida no se presenta en vacío. Llega cuando el Ejecutivo ya anuncia una regularización extraordinaria prevista para el verano, pero ese paraguas solo cobija a los extranjeros que estuvieran en España antes del fin de 2025. ¿Y los que lleguen después? ¿Y los que siguen pendientes de respuesta administrativa, como Andrés Villavicencio, que llegó en agosto de 2024 y logró cita en octubre pero aún no ha recibido resolución? La incertidumbre, lejos de disiparse, se espesa.

La ministra Elma Saiz trata de matizar: este cambio, dice, sería "de formas y no de fondo", y "muchos" podrán acogerse al proceso extraordinario anunciado en enero. Pero la explicación no convence al exilio: Justo Navarro, periodista y coordinador de comunicación de Vente Venezuela en España, interpreta la maniobra como parte de un relato que pretende devolver a Venezuela a una supuesta normalidad que, según él, "es falsa". Navarro advierte además de una conexión política directa: "La estabilidad de Delcy es la de Sánchez en España", resume una lectura que vincula la política migratoria con la diplomacia del Ejecutivo.

Esa diplomacia tiene gestos que alimentan la inquietud. Cuando Estados Unidos anunció que Delcy Rodríguez quedaría en una posición relevante, el Gobierno español rebajó sus críticas y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió a la Unión Europea que retirase las sanciones contra la número dos de Maduro. Para muchos exiliados, ese movimiento no es neutro: sugiere una voluntad de normalizar y blanquear a personajes del régimen que motivaron la huida de miles de compatriotas.

El efecto práctico es tangible. Personas como Villavicencio describen un recorrido administrativo lento y lleno de sombras: citas demoradas, resoluciones que no llegan, y ahora un cambio de reglas que puede dejar fuera a quienes necesiten protección en el futuro. La seguridad jurídica, subrayan, se deteriora cuando la política exterior y las decisiones migratorias van en direcciones que parecen contradictorias.

En la calle, la respuesta es visible: concentraciones como la de la juventud venezolana en la Plaza de Oriente en apoyo a María Corina Machado evidencian el desasosiego y la movilización del exilio. No son gestos simbólicos; son avisos de que la comunidad venezolana en España observa y registra cada paso del Ejecutivo.

El debate está planteado: ¿es este un ajuste técnico para ordenar procedimientos, como afirma el Gobierno, o el primer movimiento de una estrategia mayor que acompasa la política migratoria a un cambio en la posición internacional respecto al régimen venezolano? Los hechos ofrecidos por la propia Administración —los números, las fechas límite y las declaraciones públicas— abonan la sospecha entre quienes huyeron de la represión y hoy dependen de una protección que se les anuncia menos segura.

Sánchez y su Gabinete deben afrontar la contradicción que ello implica: mantener la apariencia de una política humana mientras actúan, según denuncian los afectados, con gestos que facilitan la rehabilitación política de quienes causaron el éxodo. La ciudadanía venezolana en España no pide favores: exige coherencia, garantías y una respuesta clara que no convierta su derecho a protección en moneda de cambio diplomático.