A dos años de instrucción: la causa contra Begoña Gómez sigue su camino hacia el jurado

La causa que tiene como investigada a Begoña Gómez vuelve a colocarse esta semana en el foco judicial. Ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, las acusaciones populares unidas en torno a Hazte Oír han ratificado las imputaciones por cinco delitos que pesan sobre la esposa del presidente del Gobierno y sobre los otros dos investigados, mientras las defensas han reiterado su petición de archivo.

El magistrado Juan Carlos Peinado, que ya el año pasado acordó tramitar el asunto por la vía del jurado, ha visto hoy cómo la representación letrada de la defensa de Gómez, dirigida por el ex ministro Antonio Camacho, anuncia la presentación de tres informes periciales si no se acuerda el sobreseimiento. Esos informes versarán, según ha comunicado la defensa, sobre las funciones de quienes asisten en La Moncloa a los cónyuges de los presidentes del Gobierno; sobre las cátedras extraordinarias en la Universidad Complutense de Madrid; y sobre los supuestos perjuicios a la Complutense derivados del fracaso del software de la cátedra, que la propia universidad ha estimado en 113.000 euros.

El trámite practicado, llamado formalmente "traslado de la imputación", suele celebrarse en los primeros compases de una investigación cuando la Ley del Jurado puede ser aplicable. Pero este expediente se aproxima a los dos años de instrucción, y la Audiencia Provincial ya indicó que para remitir la causa a jurado el juez necesita una motivación más detallada de los indicios. Peinado trató de cumplir esa exigencia el pasado 20 de marzo, unificando las piezas y detallando los indicios que, a su juicio, justifican la formación de causa por jurado para dos de los delitos imputados: malversación y tráfico de influencias.

Hoy tampoco comparecieron los investigados personalmente; actuaron sus abogados. La defensa de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, pidió que, si no se acuerda el archivo, se encargue un informe a Presidencia del Gobierno sobre si existió algún "menos cabo" en las funciones de su representada. La representación del empresario Juan Carlos Barrabés solicitó que el juez se abstenga de investigar el supuesto tráfico de influencias, alegando que la materia está siendo indagada por la Fiscalía Europea.

La Fiscalía del caso se limitó a remitirse a sus exposiciones previas, en las que venía pidiendo el cierre del procedimiento. Por su parte, la acusación de Hazte Oír manifestó que no son precisas diligencias adicionales, salvo algunas concretas como aportar la vida laboral de Begoña Gómez, completar los registros salariales de la asesora y aportar datos sobre pagos vinculados a la cátedra de Transformación Social Competitiva en la UCM.

El auto del 20 de marzo no cerró la instrucción, pero sí sirvió para unificar las investigaciones y empujar la causa hacia el jurado, acumulando en la pieza principal la pieza separada que investigaba la posible malversación por la dedicación de la asesora a tareas privadas de la esposa del presidente. En la pieza principal se investigaban inicialmente otros cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, relacionados con la actividad de la cátedra y la colaboración de Barrabés en su puesta en marcha.

El próximo movimiento corresponde al juez: resolver las peticiones de diligencias formuladas en la diligencia de hoy y decidir sobre las solicitudes de archivo. No hay, por ahora, una resolución de juicio, pero la causa avanza con la anunciada aportación de periciales y con las acusaciones populares ratificando sus imputaciones, en un proceso que sigue demandando de la magistratura una fundamentación firme y precisa antes de llevar el asunto ante un jurado.