Acabar con el despropósito: la regularización masiva que obliga a España a repatriar

La noticia es clara y la alarma, legítima. La Comisión Europea ha advertido que España deberá garantizar la repatriación de los inmigrantes que, tras el proceso de regularización masiva que arrancará en abril, intenten asentarse en otro país comunitario. Frente a esa advertencia, el Partido Popular no ha titubeado: lo califica, con razón según sus dirigentes, como un “completo disparate” y una “irresponsabilidad”.

Miguel Tellado, número dos de la dirección de Génova, no se quedó en la ironía amable: dijo que no tiene sentido “regalar la residencia a cientos de miles de ilegales de forma improvisada” y reclamó un cambio en La Moncloa para “acabar con este despropósito”. Palabras severas que cristalizan una inquietud mayor: la de ver a España señalada por la propia Unión Europea y obligada a asumir costes de repatriación que, según la advertencia comunitaria, correrán a cargo de nuestro país si esas personas se desplazan a otros Estados miembros.

No es una discusión retórica: Tellado habló de “pésima gestión” que en ocasiones “roza lo negligente”, enmarcando la regularización en una lista de decisiones del Ejecutivo que, a juicio del PP, colocan a España en dirección contraria a “lo que está haciendo todo el mundo desarrollado y el conjunto de la Unión Europea”. Este diagnóstico político tiene un efecto práctico: la Comisión “está poniendo tierra de por medio” frente a una medida que genera devoluciones y costes, y que deja a España en posición incómoda ante sus socios.

La crítica del PP no se limitó al gesto técnico de la repatriación. Tellado aprovechó el micrófono para trazar un balance político más amplio: acusó al Gobierno de convertir intereses partidistas en problemas para aliados y de demostrar una “absoluta inoperancia política” al no presentar unos Presupuestos Generales del Estado desde hace más de tres años. Una omisión que, según su relato, evidencia cobardía ante las urnas y deja la gestión económica y legislativa en manos de prórrogas.

En el mismo discurso, el dirigente popular fue más allá y denunció sospechas de mal uso de fondos: aseveró que parte del dinero gestionado por el PSOE “se queda por el camino, en sus bolsillos, tramas y mordidas”, que otra parte sirve para “comprar el apoyo del separatismo” y que el resto se despilfarra por “incompetencia y pésima gestión”. Acusaciones graves, pronunciadas en un acto público y dirigidas a subrayar que la regularización forma parte de un cuadro de decisiones que, según el PP, dañan a España.

Finalmente, Tellado conectó la queja sobre inmigración con la batalla electoral: afirmó que el cambio en España “se está abriendo camino” y que los españoles verán la salida del actual jefe del Ejecutivo “en las urnas y de forma democrática”. Es la consigna final de un argumento que amalgama crítica de gestión, reproche moral y apelación al juicio popular.

Queda, pues, planteado el dilema público: una regularización anunciada, la advertencia de la Comisión Europea sobre repatriaciones y costes, y la condena severa del principal partido de la oposición. No son solo palabras: son hechos que obligan a reflexionar sobre la coherencia entre política nacional, obligaciones comunitarias y la responsabilidad de quienes gobiernan. Y sobre la necesidad, exigida por la oposición, de rectificar antes de que el problema se convierta en carga ajena e internamente insostenible.