Política española

Detenido en diciembre por blanqueo y pagador de 660.000 euros a Zapatero y sus hijas, Julio Martínez comunica al Senado que está de baja médica y aplaza su comparecencia.

Delcy Rodríguez nombra a Gustavo González López ministro de Defensa; su historial como jefe de inteligencia y las sanciones internacionales en su contra encienden las alarmas.

Abascal fue la moneda de cambio de Vox en campaña: 132 localidades dieron más votos, pero en Castilla y León la presencia del líder no bastó en numerosos municipios y ex dirigentes piden un congreso extraordinario.

La Moncloa detiene el calendario presupuestario; el Ejecutivo esgrime la crisis internacional y aprueba un plan de ayudas, mientras la legislatura camina con las Cuentas de 2023.

La Fiscalía Europea ha incoado una causa por posible malversación o defraudación de ayudas vinculada al tramo de vía siniestrado en Adamuz. La pesquisa avanza en paralelo a la instrucción local y cuenta ya con juez de garantías en la Audiencia Nacional.

En Salamanca, entre la historia y la diplomacia, se abrió una puerta para volver al humanismo jurídico de la Escuela de Salamanca y alejar a España de los maniqueísmos victimistas.

Yolanda Díaz aprieta hasta el final para que el real decreto sobre la guerra en Oriente Próximo incluya la prórroga de contratos. Sumar apuesta su razón de ser en el Ejecutivo mientras el PSOE teme el voto en contra de Junts.

Irene Montero se suma a un acto con Gabriel Rufián que algunos interpretan como gesto táctico; ERC lo rebaja a una "charla" destinada a un frente amplio de izquierdas.

Populares y ultras han perfilado el acuerdo programático para investir a María Guardiola. Solo quedan por fijar plazos y cuantías, mientras Vox modera la prisa de Génova.

La retirada de las cuentas por Salvador Illa sirve, según el PP catalán, como calco del procés: astucias, faroles y un bloqueo que paga la ciudadanía. El debate sobre la vivienda, la financiación y los pactos de gobierno queda en un segundo plano bajo la sombra de la inestabilidad.

Dos altos cargos del equipo de cumplimiento de Vox han sido imputados por presunta revelación de secretos tras filtrarse un expediente confidencial contra Iván Espinosa de los Monteros.

La petición de un congreso extraordinario, impulsada por exdirigentes y algunos cargos activos, exhibe la fractura entre la dirección y una militancia dividida. Los estatutos y las cifras oficiales marcan el umbral jurídico y político de la disputa.