La verdad sobre los fondos: la Fiscalía Europea abre investigación por Adamuz

La tragedia de Adamuz, que costó la vida a 46 personas, ha abierto ahora un frente judicial europeo: la Fiscalía Europea ha decidido investigar el uso de fondos de la Unión por el mantenimiento del tramo de vía donde se produjo el choque entre los trenes Alvia e Iryo.

Tras una fase inicial de verificación, el fiscal europeo constató dos hechos que impusieron la apertura formal del procedimiento: que fondos comunitarios fueron destinados a la conservación del tramo afectado y que existe la posibilidad de que esos recursos se emplearan de manera fraudulenta. No son conjeturas: es el resultado de la revisión documental practicada por el órgano europeo.

Las diligencias de comprobación comenzaron apenas una semana después del siniestro. Entre las actuaciones previas a la incoación figuran la petición de información a la juez de Montoro, la solicitud de documentación al gestor de infraestructuras Adif y el envío de un oficio a la Dirección General de Fondos Europeos. Esos pasos obedecen al patrón típico de la Fiscalía Europea: verificar uso de fondos y, solo ante indicios, abrir investigación penal.

A la causa en España se han adscrito dos fiscales europeos de los siete que integran la delegación en nuestro país. La investigación europea, por tanto, prosigue en paralelo a la instrucción que se lleva en el juzgado de Montoro, donde también se indaga sobre las causas y posibles responsables del desastre cuyo principal foco de análisis es el supuesto mal estado de la vía, incluida una soldadura defectuosa entre elementos de 1989 y 2023.

Además, ya ha sido asignado un juez de garantías en la Audiencia Nacional: el Juzgado Central de Instrucción Número 4, ahora seccion de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 4, cuyo magistrado José Luis Calama ejercerá las funciones de control sobre medidas que restrinjan derechos fundamentales, medidas cautelares urgentes y, si procede, protección de testigos y peritos a instancia de la Fiscalía Europea.

Este procedimiento europeo se enmarca en la progresiva actividad del organismo comunitario en España desde su implantación en 2021. El órgano ha incrementado su trabajo hasta llegar en 2025 a 97 casos activos y, según la información recogida, todos los asuntos que llegaron a juicio acabaron con sentencias condenatorias. Entre otras investigaciones en curso figura la relativa a adjudicaciones vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabás, mencionada por las fuentes del caso.

Estamos, por tanto, ante una investigación que no solo busca responsabilidades penales por el accidente, sino que afronta la imprescindible indagación sobre el destino y la correcta aplicación de los fondos europeos. Sin transparencia y sin respuestas probadas, la pérdida de 46 vidas no puede quedar sin una escrupulosa comprobación de las decisiones administrativas y de quienes gestionaron esos recursos.