Illa replica el procés: inestabilidad y faroles que dejan a Cataluña sin cuentas

La política catalana alcanza otra puerta giratoria: Salvador Illa retiró el proyecto de presupuestos del Parlament para evitar una derrota ante la falta de apoyo de ERC. Ese gesto, que traslada las cuentas a un nuevo calendario con la confianza de pactarlas en junio, no ha pasado desapercibido. Alejandro Fernández no lo llama imprevisto: lo denomina reproducción del procés, pero en clave de inestabilidad y bloqueo.

No se trata, dice Fernández, de una réplica literal de 2017 sino de una dinámica: engaño, inmovilismo y astucias que enquistan la gobernabilidad. Cuando un presidente promete apagar un fuego político y acaba reproduciendo las mismas llamaradas, la acusación no es menor: el procés, sostiene el líder popular, se ha convertido en un proceso español de parálisis.

La decisión de retirar las cuentas abre otra línea de sospecha política: Alejandro Fernández vincula esa retirada a las elecciones andaluzas y al temor del PSOE de someter a Montero a una campaña en la que deba explicar el acuerdo alcanzado en Cataluña. Es una interpretación que, según el dirigente popular, se corona con confesiones privadas que ya han llegado al conocimiento público.

La confrontación política pasa también por la naturaleza ideológica de las cuentas. Para Fernández, el proyecto incorpora ramalazos marxistas-comunistas y presenta una política de vivienda que, en su diagnóstico, supone la liquidación de la propiedad privada en favor de la administración. Ese reproche choca con cifras y anuncios: Illa presentó un plan de 50.000 pisos, de los que se dice que 22.000 están en fase de producción; además, el Govern ha comprado 400 pisos a bancos, una compra que Fernández admite pero tacha de engañosa por las condiciones que, a su juicio, impone a los constructores.

Frente a ese diagnóstico, el PP catalán ofrece su receta en tres puntos: garantías para propietarios que alquilen, bajada de impuestos a propietarios y compradores, y facilidades para la construcción. Fernández insiste en que el derecho a la vivienda debe garantizarlo la administración, no convertir a los propietarios en sujetos expoliables.

En materia de gasto público, la crítica es tajante: Cataluña tiene, valora el dirigente, casi 300 organismos públicos, consorcios y observatorios que dibujan un mapa de despilfarro brutal. Es la motosierra retórica que utiliza para denunciar un gasto inflado que, sin presupuestos, difícilmente se corrige.

Sobre la financiación autonómica, Fernández recuerda experiencias pasadas y advierte contra optimismos: duda de que lleguen por arte de magia 4.000 y pico millones con el modelo que ERC reclama, y propone fijar necesidades, planificar el gasto y repartir con planes de viabilidad. Son palabras que reclaman pragmatismo frente a promesas que juzga irreales.

El escenario político se extiende a las posibles alianzas. Fernández descarta un diálogo amplio con un partido que, según él, tilda a España de dictadura y descalifica a quienes no comparten su ideología; admite, no obstante, que acuerdos puntuales sobre propuestas concretas son factibles. Y en clave nacional, el balance electoral lo interpreta como favorable al PP: gobernar, advierte, exige mayorías y presupuestos, y respeta la voluntad ciudadana cuando pide entenderse con otras fuerzas en investiduras.

En el fondo, la escena catalana vuelve a mostrar la tensión entre promesas y resultados, entre marketing político y reformas reales. La retirada de las cuentas es, desde esta óptica, síntoma y metáfora: un gesto que revela más la fragilidad de la gobernanza que la solidez de los proyectos anunciados.