Silencio y baja médica: la comparecencia que espera el caso Plus Ultra

La escena es de una sobriedad que exige explicación: un investigado en el caso Plus Ultra, detenido en diciembre por presunto blanqueo de capitales, comunica por escrito al Senado que no podrá personarse en la Comisión de Investigación porque se encuentra de baja médica.

Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a la aerolínea y señalado como pagador al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero —por importe de 660.000 euros destinados, según consta, a trabajos de asesoría a Zapatero y a sus hijas— ha aportado al órgano parlamentario un informe que le diagnostica un cuadro “depresivo ansioso”. En su carta al Senado, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, expresa que acudirá “en el momento en que me den el alta médica o que mi estado de salud permita”, y que lo hará “bajo criterio de mis médicos”.

No se trata, en los hechos, de una primera negativa: Martínez ya faltó a una citación previa, la fijada el 9 de marzo, y alega que recibió la notificación varios días después, el día 12. Ante su inasistencia, el Senado procedió a citarle por edicto. Ahora figura nuevamente convocado para el 9 de abril, cita que por el momento queda en suspenso mientras dure la comunicación médica.

Es preciso recordar el contexto objetivo: Martínez fue contratado por Plus Ultra como asesor externo y es una pieza investigada en la misma Comisión a la que acudió el propio Zapatero. El ex presidente defendió ante los senadores haber asesorado a Martínez mediante informes geoestratégicos y negó haber recibido comisiones de Plus Ultra a través de su amigo por el rescate de la aerolínea por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los hechos, desnudos, plantean preguntas que la tribuna parlamentaria tiene ahora la obligación de resolver. La referencia a una baja médica y a un diagnóstico no debe soslayar el deber de aclarar los hechos investigados: detención en diciembre, pagos por 660.000 euros, comparecencias parlamentarias ya celebradas y la obligación de que la Comisión complete su labor con toda la celeridad y rigor que la sociedad demanda.

La apelación a la salud no puede convertirse en coartada para dilatar responsabilidades ni en refugio que impida a la Comisión ejercer su función. Si la dolencia impide la presencia física, corresponde al Senado valorar los instrumentos procesales y parlamentarios para garantizar que la investigación avance sin merma de la verdad y del interés público.

En democracia, el respeto a la presunción de inocencia convive con la exigencia de transparencia. Los hechos ya están en el expediente: detención por blanqueo, pagos relevantes vinculados a un ex presidente, comparecencias y ausencias. El Senado y la opinión pública deben exigir que la verdad no se diluya en trámites médicos o en formalismos procesales: la claridad es un deber, y la evidencia, un mandato.