La batalla interna de Vox desemboca en los tribunales

Vox, partido que pregona firmeza y control interno, se ha visto sorprendido por una desavenencia que ha tomado la senda de la justicia ordinaria. Lo que empezó como disputas internas entre la dirección de Santiago Abascal y el grupo crítico encabezado por Iván Espinosa de los Monteros ha escalado hasta la imputación judicial de dos responsables del llamado Equipo de Cumplimiento Normativo del partido.

Juan de Dios Dávila, dirigente de Vox en Gipuzkoa, y Cristina Navarro, exsecretaria personal de Abascal, han comparecido ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid imputados por un presunto delito de revelación de secretos. Son responsables directos de un órgano que depende del líder de la formación: la sede central se ve así señalada por hechos que, hasta ahora, eran materia de confidencialidad orgánica.

El origen concreto de la causa es el expediente interno sobre Espinosa de los Monteros. Tras la reapertura pública del ex portavoz —una entrevista con Federico Jiménez Losantos el 21 de enero de 2025—, Vox abrió una investigación interna por supuesto tráfico de influencias. Aunque la Fiscalía archivó las dos denuncias presentadas por el propio Equipo de Cumplimiento al no apreciar indicios penales, el contenido del expediente llegó a OKDiario el 20 de marzo de 2025 y se hizo público.

Los imputados han sostenido ante el juzgado que el periodista confundió el alcance de la documentación a la que accedió: sostienen que no fue el expediente confidencial sino un informe encargado a un abogado externo. Admitieron, no obstante, que la investigación interna era conocida por la responsable jurídica, Marta Castro, y por la Presidencia del Partido, esto es, por el Gabinete de Abascal.

No se trata de una filtración aislada. Correos y documentos confidenciales han sido divulgados en varios frentes en las últimas semanas. Ignacio Garriga remitió comunicaciones al exsecretario general Javier Ortega Smith que han sido publicadas y formaron parte de un informe presentado al Comité Ejecutivo Nacional que justificó la expulsión de Ortega del máximo órgano directivo. Del mismo modo, otras filtraciones han apuntado a dirigentes regionales y a supuestas gestiones urbanísticas que la dirección ha atribuido a ediles críticos; algunas de esas acusaciones han sido desmentidas por ayuntamientos implicados.

Los disidentes, por su parte, han elevado acusaciones sobre retribuciones y posibles circuitos económicos opacos en torno al entorno de la Presidencia, reclamando transparencia y un congreso extraordinario para debatir la marcha del partido. Textos públicos y declaraciones de exdirigentes señalan, en clave de denuncia interna, la existencia de controversias sobre retribuciones y relaciones con proveedores del partido.

Estamos pues ante una formación política dividida, donde las confrontaciones internas ya no se dirimen solo en debates orgánicos sino en los juzgados y en los medios. La política se alimenta de lealtades y confidencias; cuando estas se rompen y se filtran, la propia credibilidad del proyecto queda expuesta. Que la lucha fratricida entre dirección y disidencia se traslade a la esfera judicial no es un mero episodio táctico: es síntoma de una crisis interna que exige respuestas claras y, sobre todo, pruebas que aporten luz sobre lo sucedido sin convertir la confidencialidad en arma arrojadiza.