Sumar obliga al Gobierno a decidir: ¿defensa de la vida o billetera de los caseros?

Sumar ha planteado un dilema claro y tajante: permanecer en el Gobierno tiene sentido si se traduce en medidas que alivien la vida de la gente. Esa afirmación —proclamada en público y defendida con ahínco por sus ministros y líderes— choca ahora con la realidad fría de los equilibrios parlamentarios y las urgencias de Moncloa.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apretado hasta el último minuto para que la prórroga de los contratos de arrendamiento sea parte del real decreto por la guerra en Oriente Próximo. No es una ocurrencia: es la exigencia central de Sumar sobre lo que consideran “el problema más grave” del país: la crisis del precio de la vivienda, ese sumidero donde se escapan las mejoras de la vida cotidiana.

El pulso con el PSOE ha sido nítido y público. En los pasillos del Congreso se vio el rifirrafe: la ministra de Sanidad, Mónica García, preguntó directamente a Félix Bolaños si la medida estaría en el texto; él replicó con cautela. El ministro de Justicia, por su parte, articuló la posición socialista más rotunda en privado: no se arriesgará la aprobación del decreto con asuntos que puedan provocar el voto en contra de Junts.

Esa amenaza —el posible ‘no’ de Junts y las advertencias en voz alta de Junts y PNV sobre no volver a aceptar “chantajes”— ha cerrado puertas. Sumar, sin embargo, no se ha quedado inmóvil: ha movido ficha, aceptando llegar a fórmulas que antes rechazaba con vehemencia, como bonificaciones fiscales a caseros, y proponiendo versiones más limitadas de paralización de desahucios, con la prórroga de contratos como su objetivo mínimo.

En el grupo parlamentario y en el Ejecutivo, la apuesta es la misma: que sea la cámara la que se retrate. Verónica Barbero lo dijo con dureza inusual hacia el PSOE: hay que adoptar la prórroga y dejar que la ciudadanía vea lo que votan los partidos. Es la apuesta de quien trata de preservar la coherencia política mostrando públicamente las posiciones.

Todo esto ocurre en un momento de tensión electoral para Sumar: las candidaturas vinculadas al espacio en Aragón y Castilla y León rindieron pobres resultados —uno y cero escaños— mientras otras fuerzas como Chunta han ganado tracción con un discurso más crítico y distante respecto al Gobierno de coalición. Ese mapa condiciona la estrategia: la necesidad de demostrar influencia real dentro del Ejecutivo y a la vez construir una alternativa al PSOE.

La tensión es política y también estratégica: ¿ponerse firme y arriesgar la viabilidad de un paquete que el Gobierno busca aprobar, o ceder para garantizar que el real decreto salga adelante sin medidas de vivienda que incomoden a los socios parlamentarios? Esa es la línea roja que se debate en los despachos y en los pasillos.

Sumar ha optado por tirar de pragmatismo táctico, ofreciendo concesiones para colar su reivindicación central. El argumento moral y político que exponen sus cargos es sencillo: sirve estar en el Gobierno si se prioriza defender la vida de la gente. El reto ahora es conseguir que esa prioridad se traduzca en normas efectivas y en votos, sin pagar con la irrelevancia institucional la coherencia que reivindican.