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Tres mujeres mueren por inhalación de humo en un incendio provocado por un vecino que llevaba una semana en libertad tras condenas por delitos contra mujeres. La rabia del rechazo y la reiteración delictiva trazan un patrón que exige respuestas.

La investigación del caso Forestalia ha puesto en el foco reuniones, sociedades pantalla y transferencias millonarias que relacionan a exfuncionarios y empresarios. España merece luz sobre ese entramado.

La toma de posesión de José Luis Santafé abre una nueva etapa: prioridad a las víctimas, investigación a fondo y la reivindicación de una institución que exige ejemplaridad.

Epstein designó a su contador y a su abogado como coalbaceas días antes de morir. Hoy controlan activos, comunicaciones y la llave de compensaciones para las sobrevivientes.

Científicos británicos han mostrado mundos submarinos desconocidos: montañas, arrecifes sanos y criaturas inéditas. El hallazgo obliga a mirar quién y cómo protege estos territorios.

Invitado por un influencer financiero, Javier Milei repite viaje a España mientras su Gobierno sufre críticas públicas y un escándalo por gastos del jefe de Gabinete.

No son juegos infantiles ni meros caprichos de diseño: las nuevas casas en los árboles son manifiestos habitables que cuestionan nuestro rumbo de abundancia y consumo.

La Justicia marca límites: el juez Pedraz exige a la UCO un cribado del material incautado a Leire Díez para preservar lo personal y ajeno a la causa.

La tormenta Harry dejó a Niscemi al filo de un precipicio. Sin muertos, sí con casas inhabitables, evacuaciones masivas y un clamor por respuestas y estudios geológicos.

La Audiencia Nacional investiga a agentes destinados en Kenia, India y Argelia por malversación, acoso laboral y agresiones; la Justicia exige respuestas inmediatas.

El gesto institucional es claro: nombramiento, llamado a la ejemplaridad y revisión de protocolos. Pero la sociedad exige hechos, no sólo palabras.

Tres mujeres muertas en un incendio provocado; la ministra de Igualdad apunta a una legislación autonómica 'en el cajón' que debía adaptarse a los consensos contra la violencia de género.