Embajadas bajo sospecha: la Policía en el foco de la Audiencia Nacional

La Justicia española ha encendido una alarma que no admite complacencias: la Audiencia Nacional ha abierto esta semana una investigación contra una inspectora jefa de la Policía Nacional destinada en la Embajada de España en Nairobi por delitos que tocan al corazón del servicio público: presunta malversación de fondos diplomáticos y acoso laboral contra una subordinada.

No es un caso aislado. Se suma a otras causas que ya investiga el mismo órgano contra policías destinados en consejerías de Interior en el extranjero: las grabaciones de insultos y vejaciones del comisario Emilio de la Calle en la Embajada en la India, y la querella por acoso laboral y agresión sexual en la Embajada de Argelia, donde la Fiscalía ha presentado escrito de acusación y reclama penas que alcanzan más de nueve años de prisión para uno de los agentes.

Los hechos descritos en la querella contra la inspectora en Kenia muestran conductas que exigen escrutinio. La denuncia plantea que, entre abril de 2024 y septiembre de 2025, la responsable inflaba gastos y cargaba al erario itinerarios con su vehículo particular —con matrículas diplomáticas— por recorridos de entre 700 y 1.000 kilómetros semanales, cuando la distancia entre su domicilio y la embajada era de menos de siete kilómetros. También se relatan repostajes en periodos de vacaciones en España y justificantes de compras que la querella califica como insólitos: materiales de manualidades por valor de 853 euros imputados a la caja diplomática.

El malestar no quedó en lo económico. Según la denunciante, al cuestionar esas conductas cambió radicalmente el trato: aislamiento profesional, desplazamiento de mobiliario fuera del despacho, humillaciones ante el embajador y un vaciamiento progresivo de funciones que el juez José Luis Calama describe con crudeza. El primer paso procesal será llamar a declarar a la querellada, según la resolución a la que ha tenido acceso la prensa.

En Argelia la gravedad alcanza la esfera penal y la íntima. La Fiscalía relata episodios entre 2022 y 2023 en los que una subalterna soportó comentarios soeces y una escalada de comportamientos que culminaron, según la querella, en agresiones físicas y sexuales durante reuniones del equipo en la residencia del complejo diplomático. El relato judicial incluye frases vejatorias, inmovilizaciones y gestos obscenos que motivaron en 2024 la apertura de un expediente disciplinario en Régimen Disciplinario de la Policía y la posterior acusación fiscal con peticiones de prisión.

Y en la Embajada de la India, la causa contra el comisario Emilio de la Calle se apoya en más de 20 horas de audios aportadas por la subordinada, en las que se recogen insultos, amenazas y vejaciones que, según la afectada, llevaron incluso a episodios de estrés agudo y desmayos. De la Calle está suspendido de empleo y sueldo desde marzo de 2025.

Tres expedientes; tres alarmas que no pueden leerse como meras anécdotas. Cuando agentes encargados de proteger la representación y los intereses del Estado fuera de nuestras fronteras figuran en investigaciones por malversación, acoso o agresión, la credibilidad institucional se resiente. La respuesta del Poder Judicial ya se traduce en diligencias, declaraciones y escritos de acusación. Ahora corresponde a las instancias competentes —investigación, Ministerio del Interior y, si procede, responsabilidades disciplinarias y penales— actuar con celeridad y claridad.

La ciudadanía y los funcionarios honrados reclaman lo mismo: que se esclarezcan los hechos, que no haya impunidad y que las embajadas vuelvan a ser sinónimo de servicio público digno y respetuoso. No hay voluntad de piedra que resista la luz de la investigación; y no puede haber complacencia alguna ante conductas que mancillan el prestigio de España en el exterior.