Restituir la confianza: la Policía afronta su hora de examen

La toma de posesión del comisario José Luis Santafé Arnero como director adjunto operativo ha adquirido el aire de un acto de desagravio público. No por ceremonioso, sino porque sobre el estrado flotó, explícita y dolorosamente, la sombra de los “recientes episodios que están en la mente de todos”. Así lo definió el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, que no rehuyó la expresión de su “profunda decepción” y su “dolor al conocer lo sucedido”.

No se trató de un mero trámite: los tres responsables —Marlaska, Santafé y el director general Francisco Pardo— pronunciaron un llamado idéntico en su fondo y similar en la forma: abrir “un nuevo ciclo” y reclamar ejemplaridad. Palabras medidas, sí, pero pronunciadas en un momento en que la institución ha visto dañada su imagen por denuncias de acoso sexual y una denuncia por violación contra el anterior DAO, un hecho que el ministro vinculó directamente con la cuestionada adhesión al valor prioritario de la igualdad real y efectiva.

El giro prometido tiene ejes concretos. Santafé declaró solemnemente que “se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias” y situó a las víctimas como “prioridad”. Marlaska anunció, en el Congreso según lo recordado por el alto mando, la revisión de protocolos contra el acoso; Pardo, que aseguró que Interior actuó “con inmediatez y contundencia”, subrayó que se priorizó la protección de la subordinada afectada. No son generalidades: son medidas que se anuncian como respuesta directa a hechos muy graves.

Sin embargo, en el mismo discurso emergió una cautela institucional que quiere evitar la estigmatización colectiva. Santafé advirtió contra la generalización: no es justo ni provechoso considerar que, por los errores de algunos, todo el cuerpo actúa de forma incorrecta. Una advertencia válida, aunque ese matiz no exime a la fuerza de la necesidad de limpieza interna y exigencia disciplinaria cuando proceda.

Pardo sintetizó la intención del cambio: el nombramiento “no es una mera sustitución de nombres, es una reafirmación de nuestros principios”. Queda, pues, un reto claro para los nuevos responsables: traducir discursos y gestos en investigaciones rigurosas, protección efectiva a las víctimas, revisión y cumplimiento efectivo de protocolos, y sanciones que restituya el crédito social mermado.

La ciudadanía espera ahora que el “nuevo ciclo” no sea solo retórica de acto institucional. Cuando la confianza se quiebra, las palabras reconstituyen poco si no vienen acompañadas de procedimientos transparentes, resultados verificables y una ejemplaridad que no admita fisuras. El llamamiento a investigar “hasta las últimas consecuencias” debe ser, en consecuencia, un compromiso público con medidas que demuestren, sin ambages, que el interés general y la igualdad efectiva están por encima de cualquier protección corporativa.