¿Hasta cuándo la ley en el cajón mientras arde la vida?

El espanto de Miranda de Ebro obliga a hablar claro. Tres mujeres —de 78, 58 y 23 años— perdieron la vida en un incendio provocado que, según las informaciones, está ligado a un hombre que habría mantenido una relación sentimental con una de las víctimas. El presunto autor está detenido y, previsiblemente, pasará este viernes a disposición judicial.

En medio del dolor y del minuto de silencio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no se mordió la lengua: cargó contra la Junta de Castilla y León por mantener "en el cajón" una legislación autonómica específica que debía adaptar los sucesivos acuerdos y consensos en materia de violencia de género. "No hay palabras para tanto horror. No son cifras, son vidas humanas truncadas", dijo, y calificó cada uno de estos casos como un "fracaso de la sociedad democrática".

Son declaraciones que suenan a reproche y a advertencia: cuando la norma no se despliega, cuando la adaptación legislativa queda paralizada, las palabras de condena se quedan cortas frente a la sangre y al humo. La ministra señaló, con la contundencia de quien contempla víctimas y responsabilidades, que hay una ley autonómica preparada pero no aplicada, un instrumento que debería traducir acuerdos en medidas y medidas en protección.

No cabe aquí la retórica vana ni la búsqueda de excusas administrativas. El debate no es abstracto: lo que está en juego son vidas concretas. La trágica estadística de una noche en Miranda de Ebro reenvía a la pregunta elemental y urgente: ¿por qué una legislación pensada para ajustarse a consensos sobre violencia de género permanece en un cajón cuando el peligro se materializa en incendio y víctimas mortales?

La llamada de Redondo es, por tanto, un llamado a la responsabilidad institucional. No se trata solo de lamentar lo ocurrido, sino de exigir que las herramientas normativas y las políticas públicas no esperen más. El silencio administrativo no puede ser cómplice del silencio social ante el horror.

La tragedia reclama explicaciones y, sobre todo, acciones. Mientras las diligencias judiciales siguen su curso y la investigación determine responsabilidades penales, la voz política debe transformarse en decisiones efectivas: legislación activa, recursos a la prevención y mecanismos que no permitan que las leyes queden encerradas donde ya no sirven para salvar vidas.