La trama forestal exhibe sombras sobre el poder: cuestiones que el país exige aclarar

Lo ocurrido en Teruel y en despachos de Madrid no es un accidente aislado: es la acumulación de señales que convergen en una sola pregunta republicana y democrática: ¿cómo se diseñan estructuras opacas a la sombra de proyectos que tocan nuestro paisaje y nuestras normas?

El caso Forestalia, tal y como lo ha relatado El País a partir de la declaración de Eugenio Domínguez ante la Guardia Civil, presenta piezas conocidas y ribetes inquietantes. Domínguez —ex alto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico— situó al empresario Joseba Antxon Alonso en reuniones celebradas en un despacho de abogados de Madrid donde, según su versión, se esbozó una estructura societaria para canalizar beneficios vinculados a parques eólicos. Esos encuentros conectan a figuras que han sido ya objeto de investigación: Ignacio Emilio López-Galiacho, consejero delegado de una consultora de proyectos medioambientales; el abogado Roberto Pérez Águeda; y, en el telón de fondo, la mercantil Forestalia y su titular, Fernando Samper.

No se habla en abstracto. En el relato del detenido aparecen nombres concretos y sociedades concretas: la adquisición, por Domínguez y su esposa, del cien por cien de las participaciones de Caliope Smart Energy SL y Caliope Energy Green SL; la vinculación de esas sociedades con Babieca Invesment Renewable —que, según la Guardia Civil, recibió un préstamo de 5,2 millones de euros desde otra mercantil ligada a Forestalia—; la constancia registral de participaciones y documentos hallados en el despacho de Pérez Águeda que enlazan con Universal Global Scale Wordwide SL y otras sociedades. Y, también, el proyecto de gran calado investigado: entre medio centenar de iniciativas renovables figura el macroparque Clúster del Maestrazgo, que contempla 125 aerogeneradores, un proyecto de dimensión que obliga a la mayor transparencia.

La instrucción nació de una denuncia ciudadana: fue Teruel Existe quien puso la primera piedra de una investigación que ahora ha comportado detenciones —entre ellas la de Domínguez, su esposa y presuntos testaferros— y el escrutinio de una red societaria que, según la Guardia Civil, pudo servir para canalizar remuneraciones opacas. Es preciso recordar la naturaleza de estas imputaciones: son presunciones que la investigación debe esclarecer. Nadie debe confundir la premura de las hipótesis con sentencias anticipadas; pero tampoco podemos soslayar la gravedad de las evidencias registrales y de las declaraciones policiales recogidas hasta ahora.

El relato que aporta Domínguez apunta a un esquema tan práctico como sencillo: relaciones profesionales prolongadas en el tiempo, encuentros en despachos especializados, creación y compra opaca de sociedades pantalla, y transferencias millonarias. La concatenación de esos hechos, cuando afectan a decisiones y proyectos que inciden en el medio ambiente y en intereses públicos, exige una investigación exhaustiva y, sobre todo, explicaciones públicas claras. España no puede permitir que la gestión de sus recursos y de sus permisos ambientales se desarrolle con telones opacos ni con dudas que erosionen la confianza ciudadana.

Que el proceso siga su curso judicial es la primera obligación; que las instituciones actúen con la máxima celeridad y transparencia es la segunda. La democracia exige que se aclare quién intervino, en qué términos y con qué destino final para esos fondos y esas participaciones. Y los españoles, ciudadanos y comunidades afectadas por grandes parques eólicos, tienen derecho a conocer si las decisiones sobre su entorno se tomaron bajo criterios técnicos y legítimos o si existieron intereses entrelazados que hoy precisan depuración.

No es momento de complacencias ni de tibiezas retóricas: la investigación del caso Forestalia plantea un examen de responsabilidad pública y privada que el país debe afrontar con firmeza. Que las diligencias aporten la verdad, y que la verdad se traduzca en medidas que restituyan la confianza en las instituciones, en la gestión ambiental y en la defensa del interés general.