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En Barcelona se habló claro: sin palancas fiscales que enfrenten la concentración de riqueza, la democracia se arriesga a convertirse en refugio de oligarcas. Los socialistas propusieron medidas concretas para revertir la tendencia.

El acuerdo entre PP y Vox proclama soluciones drásticas sobre migración, pero sus medidas chocan una y otra vez con competencias estatales y garantías legales. Promesas contundentes; ejecución, condicionada.

Quejarse de una instrucción ocluye la frontera entre el legítimo debate público y la intromisión institucional. España escribe hoy un capítulo tenso sobre quién puede hablar y cómo debe hacerlo.

Génova ordenó no aceptar desigualdades por origen; en Extremadura, el PP acepta la 'prioridad nacional' de Vox que condiciona ayudas y servicios por arraigo y cotización.

Juan Franco y 100x100 Unidos aspiran a convertir su fuerza municipal en un parlamentario que pueda inclinar la balanza en Andalucía. Es una apuesta por la provincia antes que por la ideología.

El Departamento de Justicia del Ejecutivo vasco concedió semilibertad a María Soledad Iparraguirre (Anboto) tras valorar una “evolución favorable”; la medida, recurrida por la Fiscalía, aguarda decisión judicial.

Un cese de 10 días entra en vigor en medio de una ofensiva israelí contra Hezbolá que ha dejado miles de muertos y desplazados. La pausa, anunciada por Trump, sacude alianzas y plantea más preguntas que respuestas.

La política migratoria se debate entre la improvisación de una regularización masiva y la respuesta identitaria de pactos autonómicos. Sin consenso, pierde la nación y pierde Europa.

De la tribuna al Gobierno: el líder puro de Vox en Extremadura, conocido por su lenguaje bronco y su firmeza negociadora, se sienta ahora en el ejecutivo autonómico.

Un fabricante chino registra un inodoro oculto bajo el asiento que se activa por voz. Es el signo tangible de una industria que explora lo insospechado para diferenciarse.

Génova corrige la lectura de Vox: las ayudas se baremarán por arraigo y vinculación con el territorio, no por la partida de nacimiento. El conflicto ya roza el Tribunal Constitucional.

Lo que comenzó en 2022 con exigencias culturales y semánticas ha virado hacia una agenda centrada en la inmigración, con medidas aprobadas en parlamentos autonómicos y retrocesos en otros frentes.