La educación y la fe: cuándo la neutralidad pública queda en entredicho

En el corazón de la Vega Baja, en Almoradí, ha estallado una disputa que va más allá del patio de recreo. El nuevo colegio —el denominado número 4— no ofrecerá religión islámica, algo que sí hacen los otros tres centros de primaria del municipio. Los otros colegios han alzado la voz por lo que consideran un agravio comparativo: reclaman lo mismo para sus aulas o, dicho con crudeza, exigen «o todos moros o todos cristianos». Es la tautología de la exclusión revestida de demanda de igualdad.

El origen inmediato del conflicto no es administrativo sino social: impartir religión islámica puede atraer a alumnos hijos de migrantes magrebíes y, según la narración local que recoge la polémica, eso parece incomodar. Un tic de racismo estructural que se disfraza de protección del entorno escolar: «no quiero que mi Borja estudie con Karim». Y ese tic arrastra consecuencias prácticas: el temor a la fuga de alumnos desde los centros que sí ofrecen la asignatura hacia el nuevo centro, situado en el límite con Algorfa.

No es un capricho reciente. En 2018, Vicent Marzà, entonces conseller de Educación con el Botànic, abrió la posibilidad de impartir religión islámica en poblaciones con alta presencia árabe. También se ofreció la opción evangélica con escaso éxito. Hubo experiencias piloto en Almassora y Segorbe —de las que no siempre se conocen todos sus desenlaces— y, sin embargo, la asignatura ha cuajado en municipios alicantinos como Almoradí, Crevillent y Catral.

Yo comparto la hipótesis que ya ha manifestado quien escribe en la pieza original: la religión pertenece al ámbito íntimo y personal. En un Estado laico resulta extemporáneo financiar con dinero público profesorado de religión elegido por el obispo de turno. Quienes deseen educación confesional tienen alternativas: centros concertados, privados o la enseñanza religiosa en parroquias y centros de culto en horario extraescolar o fines de semana.

Con la enseñanza de la religión islámica, la misma lógica debería prevalecer. Que la formación confesional se imparta en las mezquitas o en los centros culturales adecuados, donde además se enseña lengua y cultura. No obstante, la pieza también advierte de un temor concreto: la presencia de imanes radicales dispuestos a influir en niños y púberes. Es una preocupación expresada en el debate público y contrapuesta, en el texto, a ciertos colegios católicos privados: «lo primero puede forjar potenciales yihadistas; los segundos no», se afirma como juicio crítico en la columna.

La visita del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, a las obras del nuevo centro fue gasolina para la polémica. McEvoy ha remarcado que la oferta de religión musulmana procede del Botànic y que, en cualquier caso, «se verá para el curso siguiente». Y añadió, con un aire liberal, que «la religión es una cuestión de libertad individual». Declaración que choca con la ambivalencia local: la alcaldesa María Gómez evita un sí rotundo, y el portavoz municipal de IU, José Manuel Sanz, ha calificado la medida de «segregadora».

El debate se ilumina con más ejemplos: la izquierda, según el autor, suele mostrarse complaciente en asuntos del velo integral en espacios públicos. En Lleida, el alcalde socialista Félix Larrosa introdujo la prohibición del nikab en el nuevo reglamento de convivencia cívica, y contó con el apoyo de Salvador Illa. Esa reacción ha generado críticas desde la izquierda más radical, que considera la medida un atentado cultural; para el articulista, el velo integral supone, más bien, un atentado contra la mujer y su libertad.

Si aceptamos la premisa laica del Estado, la conclusión es clara y exigente: la enseñanza pública debe garantizar neutralidad y cohesión. La financiación pública no puede convertirse en instrumento de confesionalismo ni en combustible para miedos identitarios. El reto es que las decisiones educativas se adopten con transparencia, con respeto a la libertad individual y sin ceder al chantaje de la segregación de facto. Pues cuando las escuelas se convierten en campos de batalla de identidades, pierde la comunidad y pierde la patria común que la educación pública debería forjar.

La disputa de Almoradí es, por tanto, algo más que un rifirrafe local; es una prueba de estrés para nuestro laicismo y para la capacidad del Estado de conciliar libertad religiosa, igualdad de trato y seguridad cívica. De cómo la resolvamos dependerá, en buena medida, la salud de nuestra convivencia.