Renovables sí, pero con orden: la planta de Mutxamel y la lección de la tramitación

La luz verde concedida por la Generalitat Valenciana a la planta fotovoltaica FV Valledelsol en Mutxamel no es una bendición sin matices. Es, más bien, el cierre de un duro proceso administrativo que comenzó en 2022 y que ha puesto sobre la mesa, con crudeza, lo que significa implantar grandes proyectos renovables en suelos no urbanizables y en entornos con sensibilidad paisajística y ecológica.

La autorización, publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia, concede a Tierra de Sol Project, S.L. la autorización previa y de construcción, y aprueba un plan de desmantelamiento y restauración. Pero ese papel oficial traduce un largo camino: 18 alegaciones en la primera exposición pública, 12 en la segunda, informes contradictorios de administraciones afectadas y hasta informes ambientales desfavorables por la afección a la avifauna protegida.

No es menor que el Ayuntamiento de Mutxamel planteara inicialmente la oposición alertando del impacto sobre parajes protegidos como el Bec de l’Àguila, del riesgo de inundabilidad y de la afección paisajística de una instalación que, en su planteamiento original, superaba los 500.000 metros cuadrados. El proyecto no pasó de puntillas por estos reproches: se rediseñó varias veces para adaptarse a condicionantes técnicos y ambientales.

Entre las modificaciones más relevantes figura la drástica reducción de la superficie ocupada —de más de 460.000 a aproximadamente 283.800 metros cuadrados—, la eliminación de parcelas sensibles y el traslado de la ubicación de la subestación eléctrica. Se redujo el número de módulos y se optó por estructuras fijas en lugar de seguidores solares para minimizar impacto visual y territorial. Son cambios que no se improvisan; son respuesta a objeciones concretas y obligan a conjugar la urgencia energética con la prudencia territorial.

Las exigencias se trasladan también al ámbito ambiental: la Dirección General de Medio Natural emitió un informe favorable condicionado al cumplimiento de medidas correctoras y compensatorias, y se exigió un estudio específico anual por las afecciones a la avifauna. La Declaración de Impacto Ambiental emitida en octubre de 2024 se mantiene vigente, pero ligada siempre al estricto cumplimiento de sus condiciones.

En materia técnica y de red, la infraestructura deberá evacuar la energía mediante línea subterránea a una nueva subestación conectada a la red de distribución, si bien la potencia vertida no podrá superar la capacidad de acceso concedida —27,745 MW—. Y, muy relevante, el promotor ha renunciado a la declaración de utilidad pública, lo que le impide disponer de la vía expropiatoria para asegurar los terrenos necesarios.

Esta resolución culmina más de tres años de tramitación y deja varias enseñanzas: la implantación de renovables a gran escala exige diálogo riguroso con administraciones y vecinos, estudios ambientales serios y, cuando proceda, reformas de proyecto que reduzcan impactos. La transición energética necesita velocidad, pero no a costa del paisaje, de la biodiversidad o de la legalidad urbanística. El caso de FV Valledelsol demuestra que no debe haber atajos: o se combina la ambición con la responsabilidad, o las autorizaciones caen envueltas en conflictos que retrasan lo que precisamente se pretende acelerar.