La gran afirmación sin prueba que pretende tambalear a La Moncloa

La escena fue propia de un teatro de acusaciones: en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Víctor de Aldama colocó a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez y a María Jesús Montero en el libreto de su declaración. Lo hizo, conforme a lo publicado, durante su condición de acusado y sin que se aportara prueba documental o pericial que avalara esas imputaciones. Y lo hizo por iniciativa propia; ni el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ni otro interviniente le obligaron a introducir esos nombres en su relato.

Hay que decirlo con claridad: la ley ampara que un procesado use su turno de palabra en defensa propia. El tribunal, según el artículo referido en la crónica, no está obligado a comprobar la veracidad de lo que afirme un acusado. Pero también hay otra verdad elemental: la acusación sin respaldo probatorio no equivale a prueba. Y es esa diferencia la que separa la acusación de la condena y la ley de la opinión pública inflamada.

Los informes de la Guardia Civil y los escritos de la Fiscalía que han llevado a Ábalos, Koldo García y Aldama al banquillo describen a esos tres como los "cabecillas" de una red en torno al Ministerio de Transportes. Esas mismas diligencias —según la información— no señalaban hasta ahora a Sánchez como integrante de esa jerarquía. Fue Aldama quien dibujó una escala: "el señor presidente en el escalafón uno", Ábalos en el dos, Koldo en el tres y él en el cuatro. Una afirmación taxativa que, en la narración periodística, no vino acompañada de la prueba que la sostenga.

El propio episodio del encuentro entre Ábalos, García y Sánchez en 2019 aparece reseñado como el único contacto probado: una fotografía. Aldama asegura que allí Sánchez le dijo: "Muchas gracias. Sé lo que estás haciendo". Es una frase que, de nuevo, no se documenta en el sumario salvo por la versión del empresario. Otros elementos objetivos citados en la información parecen contradecir esa familiaridad telefónica que Aldama atribuye entre García y el presidente: interceptaciones y agendas —dice la defensa— no registran llamadas del investigado al jefe del Ejecutivo.

Aldama no se quedó en los pantallazos personales: señaló asimismo una supuesta financiación ilegal del PSOE y hasta mecanismos de pago ligados a la crisis política venezolana. Según la crónica, estas tesis ya las había esbozado en enero ante otro juez y entregó un sobre remitido por una petrolera venezolana, que él considera probatorio. Un segundo juez investiga, bajo secreto, pagos en efectivo que el PSOE habría hecho a Ábalos y a García para reintegro de gastos; y además analiza si ese sistema ocultó supuestos blanqueos. Es decir: hay investigación y actuaciones, pero no todo lo que se dice en sala equivale, por ahora, a certeza judicial plena.

Igual de relevante resulta la mención a supuestos negocios frustrados en la llamada "milla de oro" y al "campus Velázquez" vinculados a Begoña Gómez: fueron incorporados por Aldama en su declaración según la nota, pero la pieza informativa no documenta pruebas públicas y verificables que sostengan esas imputaciones más allá de la versión del acusado.

No es hora de silencios ni de pasiones acríticas. Si las escuchas, los sobres y los documentos aportados a instrucción confirman lo declarado, la justicia tendrá que actuar con contundencia. Si no lo hacen, conviene recordarlo: la palabra de un procesado, por sí sola, no cambia la geografía del Estado ni la legitimidad de sus instituciones. La cautela probatoria no es complacencia; es el principio elemental que garantiza que las acusaciones se conviertan, solo cuando proceda, en responsabilidades reales y acreditadas.