Papeles que salvan vidas: la regularización que la burocracia y la derecha quieren asfixiar

«Esta ley nos salva la vida», dijo Othmane Nahi. No es una proclama retórica: son seis palabras que explican el latido de la calle, la urgencia silenciosa de jornaleros, temporeros y familias que esperan turnos interminables para obtener lo elemental: un permiso para trabajar y volver a abrazar a sus hijos.

La escena no es la de una invasión, sino la de la paciencia y el empeño. Gentes como César Verdún, Othmane Nahi o Angélica María Victoriano no sueñan con privilegios, sino con cobrar lo justo, poder estudiar inglés, mandar dinero a casa y, sobre todo, conservar la dignidad. Sin documentos, denuncian, el tiempo de salida no existe y el salario se evapora. Esa vulnerabilidad no es una abstracción: la confirman las ONG, los servicios sociales y los propios abogados que atienden colas día y noche.

Sin embargo, la letra del decreto ha sembrado obstáculos: el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos optativos, se ha convertido en el nudo gordiano del proceso. Organizaciones acreditadas, consistorios y consulados se han visto desbordados por la peregrinación administrativa. El abogado extranjerista Vicente Marín lo resume con claridad: ninguno de esos tres requisitos debería haber existido; solo entorpece el proceso. No se inventa la queja: es la experiencia palpable de oficinas saturadas y entidades humanitarias al límite.

Tampoco ayudan las demoras de los consulados en la obtención de antecedentes penales, un trámite que, según Marín, «se atasca a veces más en los consulados españoles que en los gobiernos de los distintos países». Es decir: la barrera no está fuera, sino en la propia operativa que el Estado ha puesto en marcha para ordenar la ciudadanía.

Y como si la fatiga administrativa no fuera suficiente, se instala la política de escarmiento: la consigna de la «prioridad nacional», promovida por Vox y aceptada a regañadientes por el PP, ha encontrado acomodo en sendos acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón calificados por el texto periodístico como de «marcado cariz racista». La traducción es brutalmente simple y venenosa: se antepone la frontera de la identidad a la urgencia humana. Mientras tanto, quienes piden regularizar su situación «están centrados en el proceso de regularización, no en qué pasará en España más adelante», dice Mónica López, de CEAR. Tienen razón. Cuando se vive en la cuerda floja, lo urgente aplasta lo ideológico.

La realidad que cuentan los protagonistas desmonta la retórica: los migrantes no quitan empleo; realizan tareas que la población autóctona rehúye. Y cuando trabajan, piden solo igualdad de derechos. Que la respuesta política consista en añadir trámites, convertir a las ONG y a los servicios municipales en oficinas de expedientes interminables, y dejar que los consulados sean cuellos de botella, es una decisión que pesa y que cerca la respiración de quienes buscan lo básico.

No se trata de proclamas grandilocuentes sino de eficacia estatal y humanidad: si la regularización debe ser extraordinaria es precisamente para evitar que la vida de miles quede en limbo por trampas administrativas y por consignas de «prioridad» que alimentan la xenofobia. Hay que simplificar, agilizar y dotar de recursos a quienes emiten certificados y gestionan antecedentes. Y hay que recordar una verdad elemental: la dignidad no se regula con gestos simbólicos, sino con papeles y derechos que permitan trabajar, cobrar lo justo y volver a casa sin temor.

Si España quiere ordenar la convivencia y honrar sus principios, no puede aceptar que la esperanza se ahogue en formularios ni que la política local cargue con el peso moral de acuerdos que a muchos les suenan a exclusión. La regularización extraordinaria es una oportunidad: desenmarañarla de trámites inútiles y defenderla de la retórica excluyente es, simplemente, una obligación de Estado y de humanidad.