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Que un referente de la ciencia firme cláusulas excepcionales y sostenga a un gerente implicado en irregularidades exige respuestas: no cabe reverencia cuando hay pruebas.

Casi 1,2 millones de euros facturados por una red de sociedades ligada a Julio Martínez, pagos declarados a Hacienda y una investigación en la Audiencia Nacional: los hechos exigen respuestas claras.

El calendario apremia y la política vuelve a jugar con la económica: el PP advierte que votará no si el Ejecutivo no incorpora la deflactación del IRPF y retira disposiciones que considera ajenas al objeto del decreto.

Mientras caen misiles y se apagan las comunicaciones, florecen nombres y pequeñas historias: farmacéuticas, niñas, blogueras, escolares. Son rostros civiles en medio de una campaña bélica.

Admitir ingresos millonarios sin explicar con precisión de dónde proceden ni quiénes son los clientes no es discreción: es un déficit democrático. España merece claridad, no eufemismos.

Frente a misiles contra aeropuertos, hoteles e instalaciones energéticas, los países del Golfo optan por la contención: calculan vulnerabilidad, dependencia y riesgo antes que venganza.

Negar la posibilidad de una mayoría absoluta de PP y Vox sería irresponsable. Hay datos y precedentes —y conviene pensar opciones que, sin mentiras, protejan la convivencia democrática.

Un tribunal que aplica doctrina europea abre la puerta a más información para los investigados; la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga advierten del impacto en investigaciones contra el narcotráfico.

Las dentelladas internas a Abascal evidencian una pelea que no es solo por poder: señalan a un entramado empresarial que habría convertido el partido en caja y proveedor. La pregunta clava: ¿quién manda y con qué intereses?

Que una empresa ligada al entorno íntimo del líder cobre casi 1,3 millones en un solo año plantea preguntas que no admite evasivas. La Auditoría y los disidentes piden luz sobre un entramado financiero estrechamente imbricado con el partido.

El promotor del CGPJ recomienda el sobreseimiento de hasta siete diligencias informativas contra el instructor Juan Carlos Peinado. La última palabra la tendrá una comisión de mayoría conservadora.

Vox niega la filtración, pero el juzgado ha admitido la querella y dos altos cargos del partido están imputados. La política merece claridad, no cortinas de humo.